La Vía Bogotá–Villavicencio, principal corredor de conexión entre el centro del país y los Llanos Orientales, volvió a ser noticia nacional tras el deslizamiento ocurrido en el kilómetro 18, que obligó a su cierre total y reabrió el debate sobre los compromisos del presidente Gustavo Petro frente a esta vía estratégica para el Meta y la Orinoquia.
Compromisos cumplidos
El Ejecutivo destinó recursos para intervenir puntos críticos. En mayo de 2024, el Ministerio de Transporte anunció la movilización de 234.000 millones de pesos, que se sumaron a los 386.000 millones comprometidos meses antes. Con esos fondos se financiaron obras de mantenimiento, muros de contención y estabilización de taludes.
En febrero de 2025, Invías entregó el viaducto del kilómetro 58, considerado una de las obras más importantes para reducir la vulnerabilidad del corredor. Frente al reciente derrumbe en el km 18, el Gobierno activó protocolos de emergencia, habilitó pasos alternos para vehículos livianos y reforzó la coordinación con la concesionaria Coviandina.
Compromisos a medias
Pese a los desembolsos, las soluciones de fondo siguen pendientes. La gobernadora del Meta y otros líderes regionales han insistido en que la vía requiere inversiones superiores a 1,2 billones de pesos, muy por encima de lo ejecutado hasta ahora. En la práctica, los recursos han servido para atender emergencias, pero no para superar la fragilidad geológica que caracteriza al corredor.
El presidente Petro también advirtió en varias ocasiones que revisaría la concesión o incluso que podría nacionalizar la operación de la vía, ante las fallas de la empresa encargada. Sin embargo, estas declaraciones no se tradujeron en decisiones administrativas o contractuales que modificaran el control de la carretera.
Lo incumplido
La promesa de una solución definitiva para la Vía al Llano sigue sin cumplirse. El corredor permanece en condición crítica: basta una temporada de lluvias para provocar derrumbes y cierres prolongados. El más reciente, en el km 18, paralizó la movilidad, encareció el transporte y obligó a miles de viajeros a tomar rutas alternas más largas y costosas.
Los retrasos se deben a factores técnicos y administrativos: estudios geológicos demorados, procesos contractuales extensos y trámites ambientales que ralentizan proyectos de gran envergadura. A esto se suma el rezago histórico de una carretera construida en un terreno altamente inestable.
Una deuda con los Llanos
Cada cierre de la Vía al Llano representa un golpe directo a la economía del Meta: encarece el transporte de alimentos, afecta el turismo y aísla a una región con enorme potencial agrícola y energético. Para gremios y ciudadanos, los anuncios presidenciales sin resultados tangibles profundizan la desconfianza hacia el Gobierno.
El balance es evidente: el Ejecutivo ha respondido parcialmente con recursos y obras, pero no ha cumplido con la solución integral que garantice la estabilidad del corredor Bogotá–Villavicencio. La consecuencia política para Petro es clara: promesas reiteradas, avances parciales y una carretera que sigue dependiendo de la lluvia y la improvisación.
La gran incógnita es si este gobierno (o el siguiente) tendrá la capacidad de romper el ciclo de emergencias y anuncios inconclusos, y ofrecer al Llano la conectividad permanente que lleva décadas esperando.
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