Escándalo por sobrecostos y preclusión en contrato de doble calzada en Villavicencio

El contrato 103 de 2016, que inicialmente tenía un presupuesto de $82.382 millones, terminó costando$118.013 millones y fue entregado con casi cinco años de retraso. La obra, que debía finalizar en octubre de 2018, solo se entregó en enero de 2023, con múltiples modificaciones que incrementaron sustancialmente su valor.

Según reveló el portal La Mermelada, la Fiscalía decidió precluir el proceso contra varios de los investigados, lo que generó controversia en el departamento del Meta. Entre los beneficiados con la decisión judicial se encuentran Ana Elvia Carranza Acosta, Carlos Enrique Prieto Inocencio, Edgar Santacruz Morales, Iván Alberto Pérez Gómez y Mauricio Mejía Hoyos.

Este último, además de haber sido representante legal de la Unión Temporal Dobles Calzadas, es socio de Pérez Gómez (considerado uno de los mayores contratistas del Meta) y primo de Carmelo Pérez, esposo de la exgobernadora Marcela Amaya.

El caso también involucra a otros nombres reconocidos en la región, como el exgerente del Instituto de Infraestructura del Meta (AIM), Juan José Casasfranco Medellín, y la propia exmandataria departamental, Marcela Amaya, quienes han sido señalados públicamente en relación con este contrato.

Mientras la opinión pública cuestiona el sobrecosto y los retrasos, la decisión judicial de archivar el proceso bajo el argumento de “imposibilidad de continuar con la acción penal” ha generado indignación entre ciudadanos y sectores de control político, que reclaman mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.