"Dignidad y transparencia" brillan por su ausencia en la ANT de Felipe Harman

Una fuerte polémica sacude al departamento del Huila tras conocerse denuncias sobre la compra de tierras a precios desproporcionados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según reportes oficiales y denuncias ciudadanas, más de 3.500 hectáreas habrían sido adquiridas con sobrecostos que alcanzan cifras escandalosas, en algunos casos hasta 115 veces superiores a su valor real.

De acuerdo con la investigación realizada por el columnista de la revista Semana, Aurelio Suárez, entre los predios señalados se encuentra la finca Pradera, en Gigante, de 220 hectáreas, adquirida por la ANT en julio de 2023 por $5.523 millones, a un valor de $23,7 millones por hectárea. El terreno se encuentra en un área de especial protección ambiental, lo que restringe su uso productivo, según la Corporación del Alto Magdalena (CAM).

Otro caso cuestionado es el predio Maniatales, en Garzón, comprado por $1.086 millones para un área de 54 hectáreas, lo que equivale a $20 millones por hectárea. Expertos sostienen que se trata de un valor muy superior al de mercado para terrenos sin aptitud agrícola ni acceso a agua.

En Baraya, la finca La Quinta, de 108 hectáreas, fue comprada en 2022 por $11.000 millones (más de $102 millones por hectárea), pese a que meses antes había sido negociada en valores muy inferiores. De manera similar, el predio El Vaticano, también en Baraya, pasó a manos de la ANT por más de $10.800 millones, con suelos descritos como estériles y degradados.

El escándalo ha generado críticas a la Agencia Nacional de Tierras por falta de control en sus adquisiciones y por la aparente falta de rigor técnico en las valoraciones. Para líderes locales, el problema no solo radica en los sobreprecios, sino en que muchos de estos predios no cuentan con condiciones agrícolas, carecen de acceso a fuentes hídricas y están ubicados en zonas de restricción ambiental.

Los cuestionamientos llegan en un momento clave para la reforma agraria en Colombia, una de las banderas del actual gobierno, que busca adjudicar tierras a campesinos y comunidades rurales. Sin embargo, los sobrecostos en Huila despiertan temores de que se repitan en otras regiones, como ya ocurrió en Cesar, donde también se denunciaron compras irregulares.

El caso será revisado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, mientras la CAM y organizaciones sociales piden explicaciones públicas y correctivos urgentes para evitar que los recursos del Estado se sigan perdiendo en operaciones improductivas y costosas.