La Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrenta una ola de cuestionamientos por supuestas irregularidades en la adquisición de predios para cumplir la principal promesa agraria del Gobierno Petro: entregar 1,5 millones de hectáreas antes de agosto de 2026. Juzgados de distintas regiones están revisando con detalle los procedimientos aplicados por la entidad.
La enajenación temprana permite vender, demoler o disponer de bienes antes de que un juez decida si deben ser extinguidos, siempre que representen un riesgo ambiental, una amenaza estructural o que su administración sea inviable. Según la defensa de un predio de 900 hectáreas en el Meta, este no cumpliría ninguna de esas condiciones, pero aun así habría sido tomado por la ANT pese a que el proceso de extinción de dominio no ha concluido.
El abogado Néstor Julián Botía, representante de los reclamantes, sostiene que la finca Atahualpa fue transferida sin sustento legal: “Están desconociendo a los poseedores, violando su derecho a la defensa y usando la figura para acelerar la reforma agraria”, dijo. También cuestiona posibles maniobras de la Superintendencia de Notariado y Registro para levantar medidas cautelares y permitir que los predios pasen al Frisco, lo que solo debería ocurrir tras un fallo judicial.
La Procuraduría ha documentado reparos similares. En un proceso relacionado con bienes del fallecido “Ñeñe” Hernández, el organismo advirtió que la norma utilizada para justificar la toma había sido declarada inexequible por la Corte.
En medio de la polémica, el director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, defendió la legalidad de los procedimientos. Aseguró que la Corte dejó en firme la facultad de adquirir directamente inmuebles rurales del Fondo para la Reparación de Víctimas y recordó que la Ley 1151 de 2007 permite disponer de bienes incautados que corran riesgo de deterioro o sean difíciles de administrar.
Según la entidad, entre 2022 y 2025 se han adquirido 1.205 predios mediante enajenación directa: 603 para el Fondo de Víctimas y 602 para la SAE, que suman más de 163.000 hectáreas. Mientras tanto, abogados y poseedores insisten en que detrás habría un intento de acelerar el cumplimiento de metas antes de que termine el actual gobierno.
A la controversia se suma la solicitud que Harman hizo a la Corte Constitucional para suspender la fase judicial de los procesos agrarios. La Procuraduría rechazó la petición al considerar que contradice la ley. Harman argumenta que hoy estos procesos quedan represados en la jurisdicción ordinaria porque aún no existe un juez agrario especializado, como ordena la Constitución.
Entre tanto, la ANT reporta que durante este gobierno ha entregado 271.903 hectáreas, aunque buena parte corresponde a adjudicaciones provisionales. Frente a la meta de 1,5 millones de hectáreas del Plan Nacional de Desarrollo, el avance apenas llega al 0,3 por ciento.
La reforma agraria también genera tensiones en las regiones. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, denunció que se están priorizando entregas a comunidades del Cauca, lo que estaría alimentando conflictos locales sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas.
El panorama muestra a una entidad clave en el centro de un huracán político y jurídico: mientras el Gobierno acelera la entrega de tierras, también crece el número de denuncias que cuestionan la forma en que lo está haciendo.
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