La opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Nos vemos en la próxima columna.
El derecho a la manifestación ciudadana adquirió una nueva connotación a partir del llamado “estallido social”, un fenómeno que marcó a Colombia entre 2019 y 2021. Desde entonces, las causas sociales pasaron a ser, en muchos casos, excusas para vulnerar los derechos de las mayorías bajo el pretexto de defender los derechos de unos pocos.
Con ese antecedente, el legítimo derecho de las comunidades a expresar su desacuerdo con sus gobernantes ha sido permeado por intereses mezquinos. Hoy, ciertos sectores ven en la protesta social un botín electoral o un arma para desprestigiar a quienes han sido elegidos democráticamente para administrar los territorios.
Villavicencio no ha sido ajena a esta forma de presión. Sectores afines a exmandatarios (que ya están en modo campaña) han recurrido a bloqueos, protestas e incluso cacerolazos, con miras a las elecciones al Congreso y la Presidencia. Aunque algunos de estos actos se justifican en problemáticas reales, como la crisis del acueducto o los efectos de la ola invernal, la motivación política detrás es evidente.
Y no, cuestionar la instrumentalización de la protesta no es “lavarle la cara” al gobierno local. Lo que ha estigmatizado la movilización ciudadana es su uso sistemático como herramienta electoral. Muchos de quienes hoy lideran marchas y alzan la voz contra la crisis del agua, son los mismos que ayer se enriquecieron a costa del sistema y nada hicieron por mejorarlo.
Las redes sociales se han convertido en el nuevo escenario de denuncia. Ciudadanos cada vez más conscientes denuncian cómo los utilizan para fines electoreros. Ya no “comen entero” y han empezado a desenmascarar una nueva casta política: esa que se autodenomina “progresista”, pero que repite (e incluso perfecciona) los vicios de quienes prometieron derrotar.
Funcionarios de agencias del Gobierno nacional han sido señalados por atizar protestas, chantajear líderes barriales con prebendas y hacerle eco a estrategias que solo buscan crear caos. Todo esto con ayuda de medios digitales financiados por las mismas entidades que agitan la inconformidad.
¿El objetivo? Posicionar al candidato de una alianza tan cínica como peligrosa: un exalcalde con aspiraciones a la Gobernación, un exdiputado que trabajó bajo su mando, una exgobernadora que aún busca controlar la contratación regional, y un diputado que, tras pasarse de bando, hoy es “mejor amiguis” de su antiguo enemigo político.
Una manguala sin pudor, disfrazada de cambio, que se ha enriquecido y afianzado en el poder. Su líder, un experto en vender humo y mostrar ‘renders’ bonitos, dejó a la ciudad endeudada y sin recursos. Hoy regresa a escena, camuflado, con la misma fórmula.
Este cóctel, altamente peligroso, se mezcla con el desconocimiento ciudadano sobre el funcionamiento de lo público. Y en ese caldo de cultivo, los politiqueros siembran sus intereses y cosechan votos entre comunidades vulnerables.
Es hora de que usted, como ciudadano, investigue, cuestione y asuma un rol activo en el control social. Observe cómo se contrata, en qué se invierte, y quiénes están detrás de cada obra en su comuna o en su barrio. Para que, cuando los “buitres” de la política vengan a embaucarlo con promesas vacías, usted pueda mirarles de frente y decir: “Te lo agradezco, pero no”.
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