En Córdoba, los campesinos beneficiarios de la reforma agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro viven entre la esperanza y la frustración. Aunque recibieron de forma provisional predios como parte de la política de redistribución de tierras, denuncian demoras en la titulación y en la ejecución de los proyectos productivos prometidos por el Gobierno.
Promesas incumplidas en Támesis
En Támesis, entregada en octubre de 2022 a 60 familias, apenas 14 viven de forma permanente en parcelas de una hectárea. El Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar), financiado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), llegó con retrasos: semillas fuera de tiempo, falta de coordinación y demoras en la contratación de proveedores.
Ever Cuitiva, uno de los líderes, recuerda que el presidente prometió 10 hectáreas por familia:
“Con más tierra podríamos tener cosechas para un negocio rentable; así no se puede vivir de la agricultura”, dijo.
La ANT reconoce que el predio tenía problemas jurídicos y de linderos con un humedal, lo que retrasó la titulación. Mientras tanto, la casa principal de la finca, administrada por el Fondo de Reparación de Víctimas, permanece cerrada y deteriorándose, lejos de convertirse en el centro comunitario que soñaban los campesinos.
Pontevedra, esperando el arroz industrial
En Pontevedra (1.270 hectáreas), en Planeta Rica, 54 familias esperan la aprobación de un proyecto Pidar por 4.492 millones de pesos para cultivar 400 hectáreas de arroz industrial. Sin títulos y con vías en mal estado, la comercialización es casi imposible.
Cervelión Cogollo, líder comunitario, asegura que la falta de coordinación entre la ANT y la ADR genera desconfianza:
“Nos hablan de tiempos distintos y no hay certeza de cuándo llegará la titulación ni el proyecto agrario”.
En ambos casos, los campesinos sobreviven con cultivos de autoconsumo y cría de animales, sin lograr ingresos sostenibles. El problema se agrava con el envejecimiento de la población rural: menos del 25 % de los jóvenes vive en el campo, según el DANE.
Aunque la política de redistribución ha entregado, a corte de junio de 2025, 232.384 hectáreas (la mayoría sin título), las comunidades rurales advierten que sin acompañamiento técnico, inversión o acceso a mercados, el cambio prometido seguirá en el papel.
La reforma agraria de Petro enfrenta así uno de sus mayores desafíos: pasar de la entrega simbólica de predios a la consolidación de proyectos productivos sostenibles, que permitan a los campesinos vivir de la tierra y no sólo resistir en ella.
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