El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este martes la ponencia que concluye la investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Según la ponencia, en la primera vuelta presidencial se habrían presentado violaciones de topes por $2.459 millones y una financiación con fuentes prohibidas por $1.552 millones. En la segunda vuelta, los excesos en los topes ascendieron a $583 millones, con fuentes prohibidas por $556 millones.
Por estas irregularidades, los magistrados plantean sancionar a Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; a la tesorera Lucy Aidée Mogollón y a la auditora María Lucy Soto, con una multa conjunta de $2.879 millones y la devolución de los $3.043 millones recibidos por reposición de votos.
Asimismo, se propone imponer una multa de $1.167 millones a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura de Petro.
La ponencia también sugiere enviar el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en la que recae la competencia exclusiva para investigar al Presidente en ejercicio. Adicionalmente, se plantea compulsar copias a la Fiscalía para que indague posibles responsabilidades penales del gerente Ricardo Roa.
Aunque el presidente Gustavo Petro fue incluido inicialmente en la investigación, en junio de 2024 la Corte Constitucional determinó que el CNE no tiene competencia para investigarlo. Solo la Comisión de Acusaciones puede hacerlo.
El texto también aborda la controversia sobre la caducidad del proceso. Los defensores del mandatario alegaron que los términos vencieron en 2023; sin embargo, la ponencia señala que, debido a recusaciones contra magistrados y al conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones, los plazos quedaron suspendidos 231 días. De esta manera, la caducidad se configuraría en marzo y abril de 2026, según la vuelta presidencial.
La Sala Plena del CNE deberá ahora debatir y votar la ponencia, lo que requiere de al menos seis votos favorables. La magistrada Alba Lucía Velásquez no participará en la decisión, tras ser apartada por su vínculo como testigo electoral del Pacto Histórico.
Esto fu lo dicho por Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE sobre la ponencia
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