A pocos días de la segunda vuelta presidencial, habitantes de zonas rurales de Cartagena del Chairá, en Caquetá, denunciaron que continúan las presiones de integrantes de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes para favorecer electoralmente al candidato Iván Cepeda. Según testimonios recopilados por La Silla Vacía, los responsables serían hombres bajo el mando de alias "Calarcá", quienes estarían ejerciendo control sobre comunidades y líderes comunales.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, respaldó públicamente estas alertas y aseguró que situaciones similares se estarían registrando en municipios como Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Sin embargo, algunas organizaciones comunales rechazaron sus afirmaciones y sostuvieron que no existen pruebas verificadas de un plan sistemático de presión electoral, advirtiendo que ese tipo de declaraciones podría aumentar el riesgo para los líderes sociales.
Pese a las denuncias, análisis de los resultados de la primera vuelta indican que la incidencia del denominado "voto fusil" no habría sido determinante en la región. Estudios citados por La Silla Vacía muestran que Iván Cepeda obtuvo victorias tanto en municipios con presencia de grupos armados como en otros sin alertas significativas de riesgo electoral, lo que evidencia una realidad política más compleja que la simple imposición armada.
Expertos consultados coinciden en que, aunque existen territorios donde persisten formas de control e intimidación, las comunidades conservan capacidad de decisión política propia. Incluso algunos líderes locales advierten que las presiones armadas podrían generar un efecto contrario al buscado, incentivando votos de rechazo y afectando el respaldo espontáneo que sectores campesinos mantienen hacia las propuestas del actual Gobierno en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
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