Petro ordena liquidar EPS en quiebra

El presidente Gustavo Petro ordenó avanzar en la liquidación de las EPS en quiebra, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia suspendiera el decreto con el que el Gobierno buscaba reorganizar el traslado de afiliados en el sistema de salud.

La decisión judicial frenó el movimiento de cerca de tres millones de usuarios hacia la Nueva EPS, una de las principales apuestas del Ejecutivo para aliviar la presión sobre las entidades en crisis. Petro calificó el fallo como una “política de atranque” y cuestionó la competencia del tribunal para tumbar una norma de alcance nacional.

Durante el consejo de ministros, el mandatario fue directo: aseguró que la decisión bloquea la posibilidad de reorganizar el sistema y agrava su situación financiera. “El tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia. Evitó la solución del Gobierno y eso conduce a que hoy todas las EPS estén quebradas”, afirmó.

Con ese escenario, la instrucción fue clara: liquidar las entidades que no sean sostenibles, sin importar si están intervenidas o no. La medida se da en medio del archivo de la reforma a la salud en el Congreso, aunque el Gobierno ya anunció que volverá a radicarla el próximo 20 de julio, junto con una reforma tributaria.

En paralelo, el Ejecutivo busca evitar la caída de la Nueva EPS. Petro ordenó al Ministerio de Hacienda activar el CONFIS para cubrir deudas del Estado como copropietario de la entidad, en un intento por sacarla de la causal de liquidación y mantener su operación como eje del sistema.

Un sistema bajo presión

Actualmente, ocho EPS concentran cerca de 23 millones de afiliados, lo que equivale a alrededor del 43% de la población del país:

- Nueva EPS: 10,8 millones

- Famisanar: 2,9 millones

- Coosalud: 3,2 millones

- Asmet Salud: 1,8 millones

- Emssanar: 1,7 millones

- Savia Salud: 1,6 millones

-  Servicio Occidental de Salud: 750.000

-  Capresoca: 170.000

El tamaño de estas entidades convierte cualquier decisión en un movimiento de alto impacto. La eventual liquidación de varias EPS plantea retos inmediatos para el sistema: traslado masivo de usuarios, presión sobre hospitales y clínicas, y riesgos en la continuidad de tratamientos y entrega de medicamentos.

En este pulso entre Gobierno y justicia, el sistema de salud queda en una zona de incertidumbre, donde cada decisión no solo es política o jurídica, sino también determinante para millones de pacientes en todo el país.