La Contraloría General de la República notificará en las próximas semanas a la Gobernación del Meta, a la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), a la interventoría y a la firma contratista del proceso por un presunto detrimento fiscal de \$11 mil millones de pesos en la construcción del nuevo puente del río Ocoa, en Villavicencio.
La investigación tuvo origen en las denuncias de veedurías ciudadanas, entre ellas la del líder comunitario José Umaña, quien alertó sobre un posible hundimiento en la estructura. Según los reportes, los conductores sentían un ahondamiento al pasar por el puente, lo que llevó a que la comunidad lo bautizara como el “puente de la Hamaca”.
Tras la queja, la Contraloría, a través de la Gerencia Colegiada del Meta, realizó una auditoría que confirmó una deflexión o hundimiento técnico en el viaducto. Aunque el informe concluyó que no representa un riesgo inmediato para la estabilidad de la estructura, sí genera responsabilidades para la entidad contratante, la ejecutora y la interventoría.
El nuevo puente vehicular fue contratado durante la administración de Marcela Amaya y entregado en el periodo de Juan Guillermo Zuluaga. En contraste, el viejo puente sobre el río Ocoa, que inicialmente hacía parte del contrato de las dobles calzadas, fue excluido del proyecto y sigue en servicio, aunque presenta deterioro en sus juntas de dilatación, afectando la movilidad hacia Puerto López.
Con esta decisión, la Contraloría deberá definir las responsabilidades fiscales de los involucrados y determinar cómo se resarcirá el daño patrimonial al departamento del Meta.
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