Un nuevo capítulo judicial envuelve al Concejo de Villavicencio. El Tribunal Administrativo del Meta recibió una demanda de pérdida de investidura contra los concejales Gustavo Adolfo Basto Forero, del Pacto Histórico, y Carlos Julio Serrato Ladino, de Cambio Radical, señalados de haber participado en una votación en la que, por ley, estaban impedidos.
De acuerdo con la normativa, esa condición los obligaba a declararse impedidos de inmediato. Sin embargo, permanecieron en silencio y solo después de aprobada la proposición intentaron declararse inhabilitados, un acto considerado extemporáneo y sin efectos jurídicos.
Las reglas sobre conflicto de intereses son precisas: cuando un concejal tiene un proceso abierto en la entidad sobre la cual debe votar, debe advertirlo en la misma sesión. Ignorarlas no solo vulnera la ley, sino también principios básicos de transparencia y ética política.
Ahora será el magistrado Enrique Rey quien decida si los cabildantes pierden sus credenciales. El fallo definirá si la actuación de Basto y Serrato constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones públicas.
Más allá de la decisión judicial, este episodio vuelve a poner bajo la lupa la manera en que algunos representantes locales manejan sus obligaciones. Para analistas, el hecho de que se omita un impedimento en un proceso tan sensible como la elección del contralor genera dudas sobre la confianza ciudadana en el Concejo de Villavicencio.
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