La justicia colombiana anuló la entrega de la finca La América, ubicada en Chimichagua, Cesar, que el presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) habían otorgado a más de cien familias campesinas en noviembre de 2024.
El fallo devuelve el terreno al Fondo de Reparación de Víctimas y abre la puerta a posibles investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra las entidades que intervinieron en la negociación.
La finca La América, de 1.453 hectáreas y avaluada en más de 26.000 millones de pesos, se encuentra en la vereda Perete, corregimiento de Mandinguilla, en el área de la ciénaga de Zapatosa. El 23 de noviembre de 2024, Petro y el entonces director de la ANT, Felipe Harman, entregaron simbólicamente el predio a organizaciones campesinas para proyectos agroalimentarios.
No obstante, la Fiscalía había solicitado medidas cautelares en marzo de 2023, tras establecer que el inmueble perteneció a personas con nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como Jaime Blanco Maya y Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, condenados por concierto para delinquir.
Pese a esa restricción, en enero de 2025 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) transfirió el bien a la ANT mediante la figura de “enajenación temprana”, mientras la familia Rodríguez Pavajeau reclamaba derechos de propiedad a través de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes S. A. S.
La Fiscalía sostuvo que la operación se realizó sin autorización judicial, requisito indispensable en predios embargados. “La enajenación resulta inoponible al proceso de Justicia y Paz; es decir, no produce efectos legales y deben mantenerse vigentes las medidas cautelares”, indicó uno de sus delegados.
La Procuraduría coincidió, mientras que la Uariv y la ANT defendieron la transacción, alegando que estaba amparada por la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y una disposición del Plan Nacional de Desarrollo 2023. Sin embargo, el tribunal señaló que esa norma no aplicaba a bienes embargados y que, además, ya había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional.
El Tribunal también cuestionó que la negociación se hiciera con un avalúo inferior al real y en medio de un proceso de restitución de tierras.
La decisión enfatizó que la finca debía permanecer en el Fondo de Reparación de Víctimas, que enfrenta un déficit superior a 4,3 billones de pesos. Para la Sala, operaciones irregulares como esta afectan de manera directa los recursos destinados a indemnizar a los afectados por el conflicto armado.
Con la nulidad de la transacción, la finca vuelve a manos de la Uariv, mientras se define su futuro. Al mismo tiempo, la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigarán si hubo responsabilidad de funcionarios o particulares al avalar una negociación contraria a la ley.
El fallo supone un duro revés para la reforma agraria del Gobierno Petro, que había presentado la entrega de La América como un hito en el acceso a tierras para comunidades campesinas.
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