Graves denuncias sobre supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), así como sobre el debilitamiento presupuestal de Agrosavia, han encendido las alarmas sobre la política agropecuaria del actual gobierno.
Uno de los casos que genera mayor controversia es el del exalcalde de Villavicencio, Felipe Harman, actual director de la ANT, quien ha sido señalado por no publicar los estados financieros de la entidad en su sitio web, contraviniendo los principios de publicidad y transparencia. Además, fue denunciado por instalar una delegación de la agencia en Pereira con más de 25 funcionarios cercanos a su línea política, incluido el exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, quien hoy aspira a la Cámara de Representantes.
Otra situación compromete a la directora de la ANT en el Cesar, Alexandra Pineda, investigada por la Procuraduría por presunta participación en política y por supuestamente haber solicitado recursos a funcionarios para el traslado de líderes sociales a eventos partidistas.
En ese mismo departamento, el semanario LaCalle de Valledupar denunció que Alcides Araújo, director de Tierras, junto a nueve funcionarios más, se certificaron como reclamantes de tierras sin cumplir los requisitos legales. Pese a que Araújo renunció tras conocerse los hechos, otros involucrados continúan en sus cargos. También se ha mencionado a Henry Montoya, esposo de Pineda, y a Myladis Pino, excandidata a la Asamblea.
En otro frente, el traslado de 50 familias desplazadas de la Hacienda Bellacruz (La Gloria, Cesar) hacia la finca Dinamarca, en la vereda El Amparo de Maní, Casanare, ha generado controversia. De acuerdo con un estudio técnico de la UPRA en 2022, ese predio presenta graves limitaciones para la producción agrícola por inundaciones prolongadas. Las familias, que permanecieron varios meses en protesta en las oficinas de la ANT en Bogotá, hoy enfrentan las consecuencias de la ola invernal en condiciones precarias.
Según denuncias, el predio tiene 625 hectáreas y habría sido comprado por 6.250 millones de pesos. Noticias Caracol publicó un reportaje al respecto el pasado 5 de julio.
En contraste con el crecimiento de la burocracia en la ANT, los recortes presupuestales afectan a Agrosavia, entidad clave en la ciencia e innovación del sector rural. Con una ejecución del 96% en 2024 y un retorno social estimado de 3,5 pesos por cada peso invertido, la entidad enfrenta una caída presupuestal del 27% en dos años: de 299.000 millones de pesos en 2024 a 236.000 millones en 2026.
Esto ha generado incertidumbre entre sus 600 investigadores y más de 1.000 trabajadores, quienes alertan sobre la posible desarticulación de proyectos en genética, sanidad, sostenibilidad, bioeconomía y adaptación al cambio climático. El Ministerio de Agricultura aún no ha designado a un nuevo director para la entidad, tras tres meses de vacancia en el cargo.
En medio de estas tensiones, surgen interrogantes sobre la orientación de la política agropecuaria nacional. ¿Se está priorizando la asignación política de cargos en detrimento de la ciencia y la seguridad alimentaria? ¿Existen intereses privados detrás de los recortes a Agrosavia?
Algunos sectores han mencionado al catalán Jordi Vendrell, exjefe de estrategias digitales del petrismo, hoy vinculado a proyectos de desarrollo rural con firmas privadas y fondos de inversión.
El debate está abierto y la atención puesta en las decisiones que el Gobierno tome frente al futuro del campo colombiano.
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