Una controversia ambiental se ha desatado en el departamento del Huila tras la adjudicación de 222 hectáreas de tierras a integrantes del Resguardo Indígena San Andrés de Pisimbalá – Pueblo Nasa, en una zona que hace parte de áreas ambientalmente protegidas.
“La Agencia Nacional de Tierras ha entregado un predio que, en su mayoría, está ubicado en un área clave para la conservación y los servicios ecosistémicos, especialmente los hidrológicos”, advirtió Camilo Augusto Agudelo Perdomo, director de la CAM.
Aunque el predio contiene humedales, fuentes hídricas, bosques y vegetación en proceso de regeneración, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) asignó 48 parcelas para el desarrollo de actividades agrícolas, lo que ha generado el rechazo de la autoridad ambiental.
La CAM señaló que en 2022 ya había emitido un concepto técnico en el que advertía la inviabilidad ambiental de adquirir ese terreno para fines productivos, dada su condición de área protegida. Según Agudelo, esa información era conocida por el municipio de Gigante y por la Agencia.
ANT se defiende y niega irregularidades
En respuesta, la ANT emitió un comunicado en el que asegura haber notificado a la CAM del proceso desde al menos 2018. A través de varias comunicaciones oficiales —en julio de 2018, abril y julio de 2022— la Agencia informó sobre el proceso de compra del predio para la comunidad indígena y solicitó el concepto técnico requerido.
La ANT sostiene que la CAM estaba plenamente enterada del procedimiento desde hace más de cinco años y que no actuó por denuncias vecinales o averiguaciones propias, sino por información oficial remitida por la Agencia.
Finalmente, la ANT reconoció que el predio se encuentra en una zona con protección ambiental, pero señaló que esto no constituye un impedimento legal para la adjudicación de tierras a comunidades indígenas dentro del marco de la reforma agraria.
Aunque tanto la CAM como la ANT coinciden en la necesidad de restituir tierras a comunidades étnicas, la discusión se centra en los límites que impone la legislación ambiental colombiana respecto al uso del suelo en parques naturales y zonas de reserva.
La disputa pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la conservación de ecosistemas estratégicos y la reivindicación de derechos territoriales, dos agendas prioritarias que, en este caso, parecen haber colisionado.
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