La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó la propuesta de inversión forzosa del 1% presentada por la Concesionaria Vial Andina S.A.S. – Coviandina, en el marco del proyecto de construcción de la nueva calzada Bogotá – Villavicencio, específicamente en el tramo Bijagual–Fundadores.
La inversión forzosa del 1% es una obligación ambiental definida por ley para proyectos que implican la captación de aguas superficiales, con el fin de compensar los impactos ambientales en las cuencas hidrográficas intervenidas.
Según la ANLA, la propuesta de Coviandina no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, ya que las intervenciones sugeridas no se enmarcaban en las cuencas del río Guayuriba y del río Ocoa, únicas áreas autorizadas por la licencia ambiental del proyecto.
Uno de los puntos rechazados fue la iniciativa de protección de la cuenca Quebrada Honda, fuente que abastece el acueducto de Villavicencio, ubicada en la subcuenca del río Guatiquía, territorio fuera del ámbito aprobado para ejecutar este tipo de inversiones.
La autoridad ambiental también señaló que Coviandina no solicitó acogerse al régimen de transición legal, el cual permite ampliar el rango geográfico de ejecución si se realiza de manera formal y con sustentación técnica.
Otro de los hallazgos que motivó la negativa de la ANLA fue la inconsistencia financiera en los soportes de gastos presentados. Aunque Coviandina reportó inversiones por más de \$2.115 millones en un convenio con IDEAM y la empresa ACERTA S.A.S., los documentos presentados no coincidían en los montos reportados ni incluían comprobantes contables válidos que justificaran legalmente el cumplimiento de la obligación ambiental.
Adicionalmente, se solicitó una actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa, en cumplimiento del artículo 321 de la Ley 1955 de 2019. Coviandina certificó una base superior a $608 mil millones y una inversión estimada de $6.080 millones, pero estos valores deberán ser validados mediante soportes adicionales.
Con esta resolución, la concesionaria vial deberá reformular su propuesta y presentar una alternativa que se ajuste a los límites geográficos establecidos en la licencia ambiental. La ANLA exigió que cualquier nuevo planteamiento esté acompañado por documentación técnica y financiera sólida, que permita su aprobación conforme a la legislación vigente.
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