CNE abre proceso para tumbar candidatura de Ricardo Jaramillo a la Cámara por el Meta

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió un proceso administrativo que podría dejar por fuera de la contienda electoral a Ricardo Jaramillo Beaumont, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en el Meta. La actuación quedó formalizada mediante un auto fechado el 30 de enero de 2026, en el que se ordena la recolección inmediata de pruebas para establecer si el aspirante incurre en una causal de inhabilidad.

La decisión fue adoptada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien dio trámite a una demanda presentada por Juan Camilo Restrepo Arboleda. En ella se advierte que Jaramillo tendría vínculos societarios directos con el Grupo Empresarial RBJ y con la empresa Multisalud S.A.S., firmas que actualmente ejecutan contratos de prestación de servicios de salud con recursos públicos en el departamento del Meta.

De acuerdo con el expediente, el candidato sería propietario de un número significativo de acciones en estas compañías, las cuales prestan servicios a la Nueva EPS y a distintas entidades territoriales. Para el demandante, esta relación generaría un beneficio económico directo en la misma jurisdicción donde Jaramillo busca ser elegido, lo que podría configurar un conflicto de intereses prohibido por la ley electoral.

El proceso también retoma un antecedente familiar. En el documento se menciona el caso de Claudia Patricia Garzón Torres, esposa del candidato, quien en 2020 fue destituida por la Procuraduría General de la Nación cuando se desempeñaba como diputada del Meta, tras establecerse que incurrió en inhabilidades relacionadas con vínculos contractuales en el sector salud. Según el accionante, el escenario actual tendría similitudes con ese episodio.

Como parte de la investigación, el CNE solicitó información a la Cámara de Comercio de Villavicencio y a Multisalud S.A.S., con el fin de verificar la composición accionaria y la conformación de las juntas directivas. También pidió registros civiles para confirmar los parentescos señalados en la queja y establecer si existe una vulneración a las normas sobre contratación estatal y representación política.

El organismo electoral concedió además un plazo de un día hábil para que Ricardo Jaramillo entregue las pruebas que considere necesarias para su defensa. El CNE aclaró que la apertura del proceso no constituye un prejuzgamiento, sino una etapa preliminar para determinar si la inscripción del candidato se mantiene o es revocada antes de las elecciones del 8 de marzo.