La candidata presidencial Paloma Valencia denunció públicamente una presunta irregularidad en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionada con el cobro de una comisión del 10 % en procesos de compra de predios, a través de contratos de mandato firmados entre una contratista de la entidad y propietarios de terrenos.
La denuncia fue realizada por la aspirante del Centro Democrático a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que esta práctica, conocida de manera informal desde hace tiempo, estaría respaldada por documentos autenticados, lo que podría configurar uno de los escándalos más graves del actual Gobierno en materia de adquisición de tierras.Según la información divulgada por Valencia, existiría un contrato por un valor cercano a los $74.000 millones, cuyo objeto sería la prestación de servicios profesionales para gestionar trámites y procesos internos de la Secretaría General de la ANT.
La dirigente política explicó que en noviembre de 2024, el propietario de tres predios y una contratista de la Agencia habrían suscrito contratos de mandato, en los que se pactó el pago del 10 % del valor que reconociera la ANT por los terrenos. Dicha comisión estaría sustentada en la “gestión” adelantada para lograr que la entidad concretara la compra de los lotes.
De acuerdo con la denuncia, los contratos fueron autenticados en las notarías 5 y 25 de Bogotá, no contemplan una fecha de terminación y su vigencia se extendería hasta que la ANT finalice la adquisición de los predios. Con base en los valores establecidos, la presunta comisión podría alcanzar los $422 millones.
Ante estos señalamientos, Paloma Valencia solicitó a los entes de control iniciar una investigación formal sobre la metodología utilizada por la Agencia Nacional de Tierras para la compra de predios, con el fin de establecer posibles responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
La ANT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fue creada en 2015 en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, con el objetivo de administrar, regularizar y adjudicar tierras rurales para garantizar el acceso a la propiedad de campesinos, comunidades étnicas y otros beneficiarios de la reforma agraria.
La denuncia abre un nuevo capítulo de controversia sobre la gestión de la política de tierras en Colombia y pone el foco sobre los mecanismos utilizados por el Estado para la adquisición de predios rurales.
Esta es la publicación hecha por la senadora Valencia:
El 25 de junio de 2024 “la contratista” firmó contrato de prestación de servicios con la Agencia Nacional de Tierras.
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) January 26, 2026
Su función, como abogada, era apoyar a la Secretaría General de la ANT.
El contrato se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024 y tenía una remuneración total… pic.twitter.com/NoThrOkZVI

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