"La Grosería" de compra que hizo la ANT: Contraloría denuncia irregularidades

La Contraloría General de la República estableció un hallazgo administrativo con alcance disciplinario y fiscal por $4.161 millones, tras revisar la compra del predio “La Grosería”, ubicado en Chimichagua, Cesar. La adquisición fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dentro de los procesos destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

El equipo auditor determinó que el predio estaba ocupado por familias en condición de invasión que habían levantado viviendas improvisadas. Aunque esta situación era conocida por la entidad, la ANT continuó con el proceso de compra pese a que existía un Acta de Compromisos firmada entre autoridades nacionales y locales, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio del Interior y organizaciones campesinas del Cesar, donde se dejaba constancia de la ocupación.

Ese documento reconocía la presencia de asentamientos campesinos y establecía la creación de una mesa de diálogo permanente para buscar soluciones a los conflictos de tierra y territorio. También se acordó que los propietarios ofrecerían el predio a la ANT para su eventual compra, decisión que motivó la suspensión de operativos de desalojo mientras avanzaba el proceso.

Además, se definió que los ocupantes serían caracterizados mediante el formulario de sujetos de ordenamiento, con el fin de determinar si podían ser beneficiarios de programas de acceso a tierras. No obstante, esta actuación se adelantó sin que la ANT verificara la situación jurídica del predio ni su estado real de ocupación, desconociendo los procedimientos técnicos y legales exigidos para garantizar la libre disposición del inmueble antes de incorporarlo al Fondo de Tierras.

El análisis de la Contraloría concluyó que la ANT dio vía libre a la compra sin verificar los criterios técnicos requeridos para adquirir predios rurales con fines de acceso a tierras, como lo exige la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015.

El estudio técnico también evidenció que la mayor parte del terreno corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales. Por tanto, el predio no cumplía con los parámetros de aptitud productiva ni con la viabilidad técnica prevista en la normatividad agraria vigente.

La Contraloría señaló que la compra no se ajustó a los criterios para incluir predios en el Fondo de Tierras, ya que “La Grosería” no presenta condiciones de aprovechamiento sostenible ni capacidad de soporte para proyectos agropecuarios. En resumen, la ANT destinó $4.161 millones para adquirir un inmueble sin vocación productiva y con ocupación indeterminada, contrariando la Ley 160 de 1994 y los lineamientos del Acuerdo Final de Paz.