Una denuncia presentada en la plenaria de la Asamblea del Cesar por la diputada Claudia Margarita Zuleta, encendió las alertas sobre el manejo de la reforma agraria en Colombia. Lo que se anuncia como un programa técnico para fortalecer el campo estaría siendo utilizado, según las acusaciones, como una herramienta política para favorecer intereses partidistas.
La denuncia sostiene que la Agencia Nacional de Tierras habría convocado a campesinos de la Serranía del Perijá, cubriendo todos sus gastos, para una reunión que terminó siendo un acto político en el Club Campestre Ballunfat de Valledupar. En el evento participó el senador Iván Cepeda, uno de los defensores más visibles de la reforma agraria.
De confirmarse, esta práctica configuraría un uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas, lo que convertiría una política de Estado en una plataforma de clientelismo. Las críticas apuntan a que se estaría utilizando la expectativa de acceder a la tierra para construir lealtades políticas en lugar de ofrecer soluciones reales a las comunidades rurales.
Otro punto central de la denuncia es la falta de seguridad jurídica en los predios entregados. Se advierte que la simple asignación de un lote no equivale a una verdadera reforma agraria si no va acompañada de un título de propiedad.
“Entregar tierra, doctor Esquivelo, usted lo sabe muy bien, una reforma agraria no se trata de traerle a la gente y ponerle en una tierra que no le titularizan, porque si usted no tiene el título, usted no es dueño de nada”, se escuchó durante la sesión en la Asamblea.
Sin ese respaldo legal, las familias campesinas no pueden acceder a créditos, invertir o consolidar un patrimonio. Lo que debería ser un proceso de inclusión rural termina siendo un gesto simbólico, sin impacto real en la vida de los beneficiarios.
La denuncia también advierte que entregar tierra sin acompañamiento técnico ni proyectos productivos puede reproducir la pobreza rural. Según lo expuesto, dotar de predios sin capital, sin crédito ni apoyo estatal “es crear un nuevo esquema de pobreza”.
En esas condiciones, muchos beneficiarios terminan convertidos en propietarios empobrecidos, sin herramientas para hacer rentable su tierra. Lo que ocurre en el Cesar, advierte la denuncia, refleja una falla estructural que se repite en otras regiones del país.
Las revelaciones han reavivado el debate sobre la transparencia y el alcance real de la reforma agraria. El caso del Cesar ilustra cómo una política que busca cerrar brechas sociales podría estar siendo usada con fines electorales o, en el mejor de los casos, sin la planeación necesaria para garantizar resultados sostenibles.
El descontento no es menor. De acuerdo con la denuncia, ya se han registrado 38 bloqueos viales en el departamento, afectando el tránsito de carga hacia los puertos del Caribe y golpeando la competitividad del país.
No hay comentarios
Tu opinión es importante, compártela con nosotros, guardando respeto por los demás y cuidando tu lenguaje