Un nuevo caso de presunta corrupción sacude a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras la denuncia presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien reveló la existencia de un contrato por más de $30 mil millones de pesos para la realización de eventos entre 2024 y 2025, cuya ejecución no tendría soporte alguno en las plataformas oficiales de contratación del Estado.
Pero la denuncia va más allá de la falta de transparencia documental. Según Valencia, el contrato habría sido entregado a dedo, con adiciones millonarias y presuntos sobrecostos, además de violar el principio de anualidad presupuestal, lo que podría configurar una irregularidad en el uso de recursos públicos.
Un contrato directo, sin licitación
El caso involucra un contrato interadministrativo, figura mediante la cual las entidades estatales pueden contratar directamente con empresas públicas o de participación mayoritaria estatal, sin necesidad de licitación. Aunque este mecanismo es legal, ha sido cuestionado por los vacíos que deja la Ley 80 de 1993, al permitir la suscripción de contratos de grandes montos sin competencia ni control suficiente.
En este caso, la ANT firmó el contrato el 17 de diciembre de 2024 por un valor inicial de $19.998 millones, con un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2025. Según la senadora, esta maniobra habría servido para inflar la ejecución presupuestal de 2024, pese a que en la práctica los recursos se destinaron a actividades realizadas en 2025.
La ley establece que los contratos deben ejecutarse dentro del mismo año fiscal, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, salvo tres excepciones: vigencias futuras, cuentas por pagar o reservas presupuestales. Ninguna de ellas aplicaría en este caso.
Una justificación irregular
La ANT habría justificado la extensión del contrato argumentando el uso de una fiducia, lo cual (según la denuncia) no está contemplado como una excepción válida. Para la suscripción del acuerdo, la entidad recibió propuestas de tres empresas, entre ellas Puerta de Oro, la contratista seleccionada.
Lo llamativo, según Valencia, es que Puerta de Oro propuso un valor de $348 millones, cifra que también aparece en el anexo técnico del contrato. Sin embargo, el documento final se firmó por $19.998 millones, una diferencia que la senadora calificó como “inexplicable”.
Además, la totalidad del dinero habría sido girada como anticipo en diciembre de 2024, antes de que los servicios fueran ejecutados. De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 1523 de 2024, está prohibido transferir recursos a patrimonios autónomos o fiduciarios sin que se haya cumplido el objeto contractual.
En la mira de los entes de control
La denuncia presentada por Paloma Valencia pone en el radar de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía una posible red de corrupción que podría haber vulnerado las normas de contratación pública. Por ahora, la Agencia Nacional de Tierras no se ha pronunciado oficialmente sobre los señalamientos.
De confirmarse las irregularidades, este caso se sumaría a una larga lista de cuestionamientos por el uso indebido de contratos interadministrativos, una práctica que, pese a estar amparada por la ley, sigue siendo una de las principales grietas en el sistema de contratación estatal colombiano.
Este es el trino de la senadora Paloma Valencia
¡ESCÁNDALO ABSOLUTO! ¡La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha despilfarrado casi $30.000 MILLONES en un contrato turbio para “eventos” en 2024-2025, y todo huele muy mal!
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 6, 2025
¡No hay facturas en SECOP, ni informes de ejecución! ¿Dónde están los detalles de qué eventos se hicieron,… https://t.co/RKLIDRW9aR pic.twitter.com/98baszd3tS
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