La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Felipe Harman, se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación de supuestas presiones laborales a comunicadores y periodistas contratistas para que difundieran en sus cuentas personales de redes sociales mensajes institucionales con la etiqueta “Con dignidad cumplimos”.
En uno de los mensajes se lee: “Si es departamento que no está en maratón decir que mientras el presidente Petro entrega títulos en Cauca y Felipe Harman recupera tierra en Caldas, en (el departamento correspondiente) se está haciendo o se ha hecho tal cosa. Y Con dignidad cumplimos (sic)”.
Según las denuncias, los contratistas debían producir videos en formato selfie, mencionar actividades y beneficiarios, y subir las piezas a sus redes sociales. Además, debían enviar los enlaces como prueba de cumplimiento. Los chats también advertían que al final de la jornada se elaboraría un listado con quienes habían seguido las instrucciones, lo que añadía un componente de control individual sobre los trabajadores. Incluso se pedía a coordinadores sin cuentas en redes sociales abrirlas para garantizar la difusión.
La respuesta de Felipe Harman
Ante la controversia, el director de la ANT respondió en su cuenta de X, rechazando las acusaciones y señalando que las publicaciones forman parte de las funciones contractuales del área de comunicaciones.
“Contratistas de COMUNICACIONES de la Ant se les ‘obliga’ a comunicar las tareas y resultados de la entidad para honrar y cumplir con sus contratos. Los invito a ver la lógica de lo absurdo de esta ‘denuncia’ (sic)”, escribió Harman.
En otro mensaje agregó: “Que sigan desesperados perdiendo el tiempo en pendejadas. Aquí seguimos trabajando”.
Una práctica recurrente en entidades públicas
El caso desató múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios señalaron que no se trata de un hecho aislado. Comentarios en distintos foros aseguran que prácticas similares se presentan en alcaldías, gobernaciones y otras entidades públicas.
“Se volvió práctica común en muchos lugares (...) obligan a pasar un listado con sus redes sociales y les revisan que publiquen y den me gusta a todas las publicaciones institucionales”, escribió un usuario.
Otros mencionaron que contratistas en municipios del Magdalena y la Orinoquía también han denunciado presiones de este tipo.
La polémica plantea un debate sobre los límites entre las funciones contractuales de los comunicadores y las posibles prácticas de acoso laboral y propaganda política en las entidades estatales.
No hay comentarios
Tu opinión es importante, compártela con nosotros, guardando respeto por los demás y cuidando tu lenguaje