Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia deliberará una ponencia que puede marcar un punto de quiebre en el escándalo por el presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión llega tras la incorporación de nuevas pruebas al expediente, entre ellas interceptaciones telefónicas y el testimonio de una colaboradora clave que accedió a colaborar con la Fiscalía.
El celular que reordenó el caso
Uno de los elementos centrales del proceso son las conversaciones extraídas del teléfono de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de revelar detalles del presunto mecanismo de direccionamiento de recursos.
En un expediente de más de 500 páginas, al que accedió el diario El Tiempo, aparecen chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, así como intercambios con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.
Según la reconstrucción judicial, esas comunicaciones permitieron establecer dos encuentros determinantes: un desayuno el 4 de octubre de 2025, en el que se habría planteado la propuesta irregular, y una reunión el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde presuntamente se concretó el acuerdo.
Interceptaciones y cambio de rumbo
Entre las pruebas más sensibles que analiza la Corte están las interceptaciones practicadas a finales de 2024. De acuerdo con el expediente, estas grabaciones evidenciarían gestiones para direccionar recursos hacia regiones específicas a cambio de respaldar proyectos estratégicos del Gobierno en el Congreso.
El caso ya había tenido un momento clave en agosto de 2025, cuando el magistrado Rodríguez presentó una ponencia solicitando detención preventiva contra cinco congresistas. En esa ocasión, la medida no prosperó y los legisladores continuaron en libertad.
Las declaraciones que comprometen
El proceso también se apoya en testimonios de exfuncionarios de alto nivel.
La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, hoy privada de la libertad, declaró que en un Consejo de Ministros se habría impartido la instrucción de que cada integrante “adoptara” un congresista para orientar su voto a favor del Ejecutivo. Según su versión, la directriz fue atribuida al entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.
Por su parte, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes aseguró ante la Corte que denunció irregularidades en el manejo presupuestal cuando estaba al frente de su cartera y que informó de la situación al presidente Gustavo Petro, quien, según su testimonio, no reaccionó frente a las advertencias.
Reyes también señaló a Andrea Carolina Riveros como pieza clave en la presunta mecánica de desvío: cambios en partidas presupuestales que permitían direccionar contratos hacia operadores que luego canalizaban recursos a congresistas.
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