En el departamento del Meta, un fallo del Consejo de Estado que inhabilitó al diputado Carlos Andrés Collazos Silva tardó cuatro meses en ser ejecutado por la Asamblea Departamental, lo que ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales.
Durante ese tiempo, la presidencia de la corporación estuvo a cargo de Miguel Oswaldo Avellaneda Lizcano y posteriormente de Héctor Fabio Vélez Bermúdez, quienes no agilizaron el trámite de ejecución del fallo. El argumento presentado fue que la Asamblea no había recibido la notificación completa, situación que para algunos sectores refleja negligencia administrativa.
La Procuraduría General de la Nación sancionó a Collazos con tres meses de suspensión sin salario por desacatar el fallo. Ahora, tanto Avellaneda como Vélez podrían enfrentar investigaciones por presunto desacato u omisión, lo que eventualmente podría derivar en la pérdida de sus investiduras.
El caso ha reavivado el debate sobre la celeridad con la que las corporaciones públicas del Meta acatan las decisiones judiciales y sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno para garantizar el respeto al Estado de derecho.
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