Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 021 de 2025, el Concejo Municipal de Villavicencio garantizó la alimentación diaria de cerca de 500 personas privadas de la libertad, quienes se encuentran en centros de detención transitoria en la ciudad. Esta decisión se tomó tras un traslado presupuestal por 4.791 millones de pesos, solicitado por el alcalde Alexander Baquero Sanabria.
Según explicó la secretaria de Hacienda de Villavicencio, Yolanda Cardona, esta obligación surge por el fenecimiento de la Ley 2346 de 2024, norma que hasta el 30 de junio delegaba esa competencia en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
“Desde julio, los municipios deben asumir directamente esta carga, sin que el Gobierno nacional haya ofrecido compensación alguna”, señaló la funcionaria.
El alcalde Baquero, junto con los mandatarios de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Popayán, buscó, a través de Asocapitales, la revocatoria de la medida, pero la gestión no obtuvo respuesta favorable del Gobierno central.
Durante el debate en el Concejo, el concejal Carlos Ariel Morales Gil propuso exhortar al Ejecutivo a revisar esta directriz, iniciativa que fue respaldada por la corporación. El argumento principal: los entes territoriales no cuentan con los recursos suficientes para asumir nuevas responsabilidades impuestas desde el nivel nacional.
Además de los fondos para la alimentación de personas privadas de la libertad, el Acuerdo contempla la asignación de 2.791 millones de pesos para otras prioridades locales. Entre ellas se encuentran la atención de necesidades del Sisbén y la formalización y legalización de barrios en distintas zonas de Villavicencio.
Con este ajuste presupuestal, la administración municipal busca evitar una crisis humanitaria en los centros de detención transitoria, al tiempo que avanza en procesos sociales clave para la planeación urbana y la focalización de subsidios.
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