"Los venezolanos que alteren la tranquilidad en Villavicencio serán deportados", secretaria de Gobierno

Realizar acciones tales como, la identificación de la población migrante residente en Villavicencio y generar actividades de sensibilización en el que se le puedan socializar sus derechos pero también sus deberes, fueron las principales conclusiones del Consejo de Seguridad convocado en las últimas horas por la Secretaría de Gobierno del municipio

La titular de la cartera, Andrea Lizcano Noguera, explicó que durante el Consejo de Seguridad, se analizó la actual situación de los migrantes venezolanos asentados en nuestra ciudad y las denuncias de la comunidad frente a algunos actos delictivos protagonizados por una minoría de ellos. 

“Uno de sus deberes es preservar el orden público y la convivencia como si fuera ciudadano colombiano, pues al pisar suelo de otro país, automáticamente se acoge a la legislación de ese país y se compromete a respetarla”, dijo la funcionaria 

Por su parte, Migración Colombia, presentó un balance sobre el manejo que hasta el momento se le ha dado a la llegada de población venezolana a la capital del metense. En el informe la entidad migratoria, se estableció que en los últimos cuatro años en el departamento del Meta se presentaron un total de 541 procedimientos administrativos, 214 ciudadanos venezolanos deportados, 62 personas expulsadas y 202 sancionadas.

“Eso significa que se deben retomar algunos trabajos a raíz de las quejas puestas por la ciudadanía, quejas múltiples por temas de mendicidad, ubicación en semáforos, mala actitud ante negativas de la comunidad frente a no dejar limpiar los vidrios y demás”, dijo la secretaria de Gobierno.

En días anteriores, la funcionaria había afirmado en entrevista exclusiva concedida a Región365.com que, el delito de hurto a personas había aumentado en la ciudad y que, con ese aumento de los casos también se había incrementado la participación de ciudadanos venezolanos, situación que conllevaría a la toma inmediata de acciones para contrarrestar esta problemática. 

"No queremos generar medidas represivas, pero tampoco vamos a permitir que se altere el orden público porque como Alcaldía tenemos la responsabilidad de darle una respuesta a la ciudadanía frente a esos temas, quienes no cumplan y alteren el orden público se le realizarán su procedimiento administrativo para una deportación o una expulsión dependiendo del caso”, puntualizó Lizcano Noguera.