El caso de Diana Ospina volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el servicio de taxi en Bogotá. La mujer fue víctima de un “paseo millonario” tras salir de un bar en Chapinero y abordar un vehículo de servicio público. El saldo: 50 millones de pesos robados y 48 horas marcadas por el miedo.
La ausencia de estos requisitos sugiere que el vehículo operaba al margen de los controles reglamentarios, pese a circular bajo la apariencia de legalidad. Es decir, un taxi que parecía formal, pero que no superaba los filtros básicos del sistema.
Elíder de taxistas Hugo Ospina calificó el hecho como grave y manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de casos tiene sobre la confianza ciudadana en el gremio. “Lo que está pasando es muy grave”, afirmó.
Según la información conocida, después de que la víctima llegara a su residencia, fue abordada por dos hombres que también se movilizaban en taxi. Posteriormente, Ospina apareció en las inmediaciones del CAI Mirador, en la vía que conduce hacia Choachí, en el oriente de Bogotá.
El caso no solo reabre el debate sobre el fenómeno del paseo millonario, sino que también deja preguntas sobre los mecanismos de verificación, la supervisión del parque automotor y la trazabilidad de los vehículos que prestan el servicio público individual.
Mientras avanzan las investigaciones, la discusión se traslada a un punto clave: cómo evitar que vehículos sin documentación vigente circulen sin ser detectados y terminen convertidos en instrumento de delitos que golpean la seguridad urbana.
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