Luego de seis décadas de vida jurídica y en medio de una profunda crisis financiera, el Gobierno del Meta confirmó que en el mes de marzo se procederá a la liquidación de la Unidad de Licores del Meta (ULM), una decisión que pone fin a la operación de una de las entidades más emblemáticas del departamento.
La determinación, aunque contundente, era previsible. Durante las dos administraciones anteriores, la empresa fue manejada sin una estrategia clara de sostenibilidad, mercadeo y expansión comercial, lo que la condujo a una situación financiera irreversible. Bajo las gerencias de Jaime Mariño, en el gobierno de Marcela Amaya, y Diego Meyer, durante la administración de Juan Guillermo Zuluaga, la ULM perdió mercados estratégicos y redujo de manera significativa su capacidad de competir en el sector licorero.De acuerdo con fuentes cercanas a la entidad, nunca se implementaron planes sólidos de comercialización ni campañas de posicionamiento del aguardiente llanero. Plazas históricas como Bogotá, Yopal y San José del Guaviare fueron desatendidas, mientras se intentaron incursiones fallidas en ciudades como Medellín y algunos sectores del Caribe colombiano. En Villavicencio, su principal mercado natural, la situación fue aún más crítica: la competencia terminó ocupando el espacio que por años había sostenido la marca insignia del Meta.
El deterioro administrativo y financiero convirtió a la Unidad de Licores en una empresa inviable desde el punto de vista técnico y económico. Aunque la crisis se gestó en gobiernos anteriores, será la administración actual, liderada por Rafaela Cortés, la que asuma el impacto político de cerrar la entidad.
Uno de los efectos más sensibles de la liquidación será el impacto en el sector salud, históricamente beneficiado con los recursos transferidos por la venta de licores. La desaparición de estos ingresos agravará la situación financiera de hospitales y centros asistenciales del departamento.
La quiebra de la ULM también ocurrió en medio de cuestionamientos al control político ejercido por la Asamblea Departamental. Pese a advertencias internas y alertas de algunos medios de comunicación, los diputados del Meta no adelantaron acciones de vigilancia eficaces sobre la gestión de la entidad. Incluso, se ha señalado que varios de ellos recibieron beneficios asociados al producto insignia de la licorera.
A este panorama se suma la elección, a finales del año pasado, de Diego Meyer Artunduaga como contralor departamental, hecho que ha generado cuestionamientos sobre la independencia y legitimidad del control fiscal frente a la liquidación de la ULM.
La Unidad de Licores del Meta fue creada en 1960, generó empleo durante décadas y aportó recursos clave al sistema de salud. Su producto insignia, el Aguardiente Llanero, acompañó durante años celebraciones, festivales y eventos folclóricos en todo el país, consolidándose como uno de los más reconocidos del mercado nacional.
Con la liquidación, se oficializará en las próximas semanas la concesión para la elaboración del aguardiente llanero a una de las grandes empresas licoreras del país, con sede en ciudades como Medellín, Manizales, Cali o Bogotá.
En materia laboral, no más de diez trabajadores quedarán cesantes. Algunos cuentan con más de veinte o treinta años de servicio y están próximos a pensionarse; otros deberán ser reubicados en la administración departamental o en entidades descentralizadas.
Tras conocer la decisión, Luis Alfredo Arias Marcado presentó su renuncia irrevocable a la Unidad de Licores del Meta, la cual fue radicada ante la Secretaría Privada del Gobierno Departamental, delegada de la gobernadora y presidenta de la Junta Directiva de la entidad.
De manera transitoria, Willintong Ortiz, gerente de la Lotería del Meta, asumirá la dirección de la ULM y tendrá a su cargo la coordinación del proceso de liquidación.

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