Fiscalía imputará al director de la UNP por omisión en seguridad de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, a quien señala como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión, en relación con la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La solicitud fue radicada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá ante un juez de control de garantías y está relacionada con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá, que terminó con la vida del dirigente del Centro Democrático.

De acuerdo con la Fiscalía, el alto funcionario habría omitido atender de manera oportuna los llamados y advertencias existentes para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del precandidato, pese a los riesgos conocidos que enfrentaba. La investigación se centra en el cumplimiento de los deberes legales de la entidad encargada de proteger a personas en situación de amenaza.

Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial. El caso reavivó cuestionamientos sobre la suficiencia, planeación y funcionamiento del dispositivo de seguridad asignado a Miguel Uribe Turbay, así como sobre los mecanismos de supervisión interna.

En los días posteriores al crimen, el presidente Gustavo Petro se refirió públicamente a posibles fallas en la protección del entorno del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, afirmó el mandatario, al señalar que existían alertas previas al atentado.

A estas declaraciones se sumaron las explicaciones oficiales sobre la conformación del esquema de seguridad. Posteriormente se confirmó que uno de los escoltas asignados por la UNP no se encontraba en servicio el día del ataque, situación que profundizó las dudas sobre la cobertura real del dispositivo.

Mientras se define la situación jurídica del director de la UNP, la Fiscalía avanza en el proceso penal por el atentado. A siete meses del crimen, el ente acusador ha concretado varios preacuerdos con presuntos responsables, con el objetivo de esclarecer los hechos, reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.

Dentro de ese proceso judicial ya se produjo la sanción del menor conocido como alias ‘Tianz’, quien accionó el arma, así como la captura de alias ‘Chipi’, señalado como una pieza clave en la coordinación del plan criminal. Las investigaciones continúan para establecer la responsabilidad de otros posibles implicados.