Esta será la multa que se llevarán los dueños de motos ruidosas

En Colombia ya está en plena vigencia la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el ruido, una política nacional que busca reducir la contaminación acústica y mejorar la convivencia ciudadana. La norma establece un límite máximo de 86 decibeles para motocicletas, con especial énfasis en aquellas que circulan con sistemas de escape alterados o no originales.

La medida tiene como objetivo fijar lineamientos claros para el diagnóstico, evaluación y gestión integral del ruido y las vibraciones, con el fin de proteger la salud pública, el ambiente y la tranquilidad en los espacios urbanos y rurales.

De acuerdo con el Gobierno nacional, la ley ya comenzó a aplicarse y faculta tanto a las autoridades de tránsito como a los ciudadanos para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora en todo el territorio colombiano.

Las multas que enfrentan los motociclistas

La normativa contempla sanciones económicas, además de medidas administrativas como la inmovilización del vehículo, el rechazo en la revisión técnico-mecánica y la pérdida de garantías, especialmente cuando se detectan modificaciones ilegales en los sistemas de escape.

Una de las infracciones más comunes es la multa C28, aplicada a vehículos que circulan con resonadores, escapes modificados o en mal estado, así como por el uso indebido de sirenas o luces de emergencia. Esta sanción puede oscilar entre $604.000 y $711.750.

En los casos más graves se aplica la multa D17, considerada una de las más severas del Código de Tránsito. Esta infracción está dirigida a conductores que excedan los niveles permitidos de ruido o contaminación, con comparendos que pueden llegar a $1.208.000.

La ley también sanciona prácticas como perforar el silenciador o retirar piezas diseñadas para disminuir el ruido en motocicletas y automóviles. Las autoridades advierten que este tipo de modificaciones pueden ser detectadas fácilmente, incluso sin equipos de medición técnica.

Con la implementación de la Ley 2450, el Gobierno espera una reducción significativa de la contaminación auditiva en las ciudades y carreteras del país, apuntando a una mejor calidad de vida y a una convivencia más respetuosa entre todos los actores viales.