La defensa del antiguo secretariado de las Farc presentó una apelación de 351 páginas contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impuso ocho años de sanciones restaurativas a los máximos excomandantes de la extinta guerrilla, sin privación de la libertad, por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Según la defensa, la sentencia desnaturaliza el conflicto armado colombiano y convierte el alzamiento insurgente en un simple concierto para delinquir, lo que —afirman— contradice la Constitución y el propio Acuerdo Final de Paz. En ese sentido, advierten que el derecho internacional no prohíbe las rebeliones y que estas hacen parte de los procesos históricos de los pueblos.
Otro de los ejes de la apelación apunta a la seguridad jurídica. Los excomandantes sostienen que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, y no múltiples decisiones, pues —según alegan— esto vulnera los derechos de los comparecientes.
Críticas a las imputaciones
La defensa también cuestiona la forma en que la JEP realizó las imputaciones, señalando que en varios casos la responsabilidad se atribuyó por la posición de mando y no por hechos concretos debidamente probados.
Según el recurso, este enfoque vulnera principios básicos como la presunción de inocencia, la legalidad y la tipicidad penal, al no exigir la demostración del dolo ni del acuerdo común en la comisión de los delitos. En ese sentido, solicitan a la Sección de Apelación que anule este tipo de imputaciones y exija probar que las decisiones de los exjefes generaron directamente los resultados atribuidos.
Tortura, tratos crueles y secuestro
En otro apartado, el antiguo secretariado sostiene que el proyecto político y militar de las Farc no incluyó como estrategia la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento forzado.
Reconocen que existieron casos de secuestro, pero aseguran que estos tuvieron fines específicos como el intercambio por dinero o por guerrilleros presos, y no la instrumentalización de las víctimas para cometer actos de tortura, esclavitud o violencia sexual.
También rechazan el hallazgo de la JEP sobre la existencia de un patrón sistemático de malos tratos, argumentando que la jurisdicción no les permitió demostrar que estos hechos fueron resultados no deseados, y no una política deliberada de la organización.
Responsabilidad del Estado y condiciones de cautiverio
Sobre las precarias condiciones de los secuestrados, la defensa atribuye parte de la responsabilidad al accionar militar del Estado, señalando que las operaciones contrainsurgentes obligaban a constantes traslados, improvisación de campamentos y caminatas prolongadas.
Según el documento, la presión por resultados en el marco de la política de seguridad —incluso con apoyo de Estados Unidos— agravó la situación humanitaria, generando consecuencias como rescates fallidos y otros hechos trágicos.
Piden eliminar imputación por esclavitud
Finalmente, los excomandantes solicitan que se elimine la imputación por esclavitud, argumentando que, aunque hubo trabajos forzados, estos no cumplen con los criterios establecidos por la Corte Penal Internacional.
Aseguran que las víctimas no fueron cosificadas ni sometidas a atributos del derecho de propiedad, y que en ningún caso se permitió o promovió el secuestro de personas para convertirlas en “servidores” de la organización armada.
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