El aumento beneficiará de manera directa a 2,4 millones de trabajadores formales, según cifras oficiales. Sin embargo, la medida encendió las alertas entre gremios económicos y expertos, quienes advierten sobre posibles efectos adversos en la inflación, el costo de vida y la sostenibilidad del empleo, especialmente en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Organizaciones como Asocapitales y Anato señalaron que el alza salarial impactará de forma inmediata sectores intensivos en mano de obra, como el transporte urbano y el turismo. De acuerdo con sus estimaciones, el incremento podría traducirse en aumentos promedio cercanos a $200 en las tarifas de transporte, afectando directamente a los usuarios.
El Consejo Gremial Nacional, junto con AmCham Colombia y ACOPI, cuestionó que el ajuste no tenga un respaldo técnico sólido, al considerar que se desliga de variables como la productividad y la inflación. A su juicio, la decisión podría incentivar una mayor informalidad laboral, generar rigidez en el mercado de trabajo y ejercer presión adicional sobre las finanzas públicas.
ACOPI fue más allá al advertir que el decreto prioriza un enfoque ideológico de “salario vital” sobre los mecanismos legales de concertación y los criterios económicos. Para la asociación, los ajustes salariales no pueden definirse a costa del debilitamiento del aparato productivo ni de la viabilidad de las empresas que sostienen el empleo formal.
Desde el sindicalismo independiente, Jorge Iván Díez, presidente de la CGT Democrática, afirmó que la medida termina afectando a los 13,5 millones de trabajadores informales, amplía la brecha con los pensionados y encarece el costo de vida para la mayoría de los colombianos. Según su análisis, solo una fracción del empleo formal se beneficiará del incremento, mientras que el impacto inflacionario será generalizado.
Por su parte, AmCham Colombia advirtió que el aumento supera ampliamente el crecimiento de la productividad y la inflación, y cuestionó el cambio en la forma legal de definir el salario mínimo, al introducir el concepto de “ingreso vital” sin un proceso de concertación previo.
Aunque el nuevo salario entrará en vigor en enero de 2026, los gremios coinciden en que la falta de criterios técnicos claros deja un panorama de incertidumbre sobre la capacidad de las empresas para absorber los costos y del Estado para garantizar la estabilidad económica en el mediano plazo.
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