Las gobernaciones del Meta y Casanare encendieron las alarmas por la no asignación de Gas Natural Vehicular (GNV) a los operadores de sus departamentos por parte de Ecopetrol, una decisión que podría derivar en una crisis de movilidad, sanitaria y económica en los Llanos Orientales a partir del 1 de diciembre de 2025.
Aunque Ecopetrol anunció recientemente las asignaciones de gas para 2026, documentos oficiales confirman que no se adjudicaron cantidades de GNV a los operadores de Meta y Casanare. La omisión impacta directamente a miles de conductores, al transporte público y a los vehículos recolectores de residuos, poniendo en riesgo a más de 248.000 familias y agravando la ya difícil situación generada por las restricciones en las vías Bogotá-Villavicencio y Sogamoso-Yopal, principales corredores entre el centro del país y la Orinoquía.La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, exigieron la asignación inmediata de gas con puntos de entrega en Floreña y Cusiana, al advertir que las alternativas de gas importado o compras en el mercado secundario no son viables. Recordaron que Casanare, Meta y Arauca producen cerca del 65 % del gas natural del país, y que la demanda de GNV en la región representa apenas el 0,72 % de la demanda esencial nacional.
Pese a las solicitudes elevadas al Ministerio de Minas y Energía y a Ecopetrol para priorizar la región, en las últimas horas se confirmó que los operadores no recibieron asignaciones. La advertencia ya había sido hecha desde enero de 2025, cuando las gobernaciones y las empresas del sector alertaron sobre el riesgo de desabastecimiento y del incremento en el precio del combustible.
La situación golpea especialmente a las empresas distribuidoras como Llanogas, Madigas, Cusianagas y Enerca, que no cuentan con acceso a otras fuentes de suministro. Además, el marco regulatorio vigente (Decreto 1073 de 2015 y resoluciones de la CREG) obliga a priorizar la demanda esencial en esta zona, que incluye transporte público y recolección de residuos.
El panorama es crítico: más del 50 % de los compactadores de basura en Meta funcionan con GNV, lo que anticipa un riesgo de emergencia sanitaria. Asimismo, unos 10.757 vehículos que operan en Meta y Casanare y se abastecen en las 34 estaciones de servicio de la región quedarían sin suministro.
De no corregirse el escenario, el precio del GNV podría subir un 50 %, pasando de $3.700 a $5.500, afectando a los usuarios y a los sectores productivos de los Llanos.
Las gobernaciones de Meta y Casanare reiteraron su disposición de trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional, Ecopetrol y los gremios para evitar la crisis y garantizar el abastecimiento de Gas Natural Vehicular, considerado vital para proteger la movilidad, la salud pública y la economía regional.
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