Andesco advierte que nevo marco tarifario de aseo impactaría a más de 33 millones de colombianos

La propuesta de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para establecer un nuevo marco tarifario del servicio de aseo ha generado debate nacional. El proyecto impactaría a 262 municipios y a más de 33 millones de personas, es decir, al 63 % de la población colombiana que recibe este servicio.

El anuncio se conoció en el marco del 8º Seminario de Gestión de Residuos, realizado en Villavicencio, donde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, TIC y TV (Andesco) expuso sus preocupaciones frente a los cambios planteados.

Según el gremio, la propuesta contempla una reducción de más del 30 % en la remuneración de las actividades de limpieza urbana, lo que podría comprometer la calidad del servicio y obligar a los municipios a destinar más recursos para cubrir gastos que dejarían de estar incluidos en la tarifa.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, también advirtió sobre el riesgo laboral: el sector del aseo es intensivo en mano de obra no calificada y la propuesta no aclara si se reconocerán los costos derivados de la disminución de la jornada laboral y las disposiciones de la nueva Reforma Laboral. Según el dirigente gremial, esta situación pondría en riesgo más de 57 mil empleos, ya que se privilegiaría el barrido mecánico sobre el manual.

Otro punto crítico señalado por Andesco es la falta de avances reales en la formalización de los recicladores de oficio. De las 119 mil personas que ejercen esta labor, apenas 11 mil cuentan con empleos formales. Para Sánchez, el nuevo marco tarifario debe convertirse en un instrumento que dignifique el trabajo de los recicladores y garantice una remuneración efectiva.

El gremio también cuestiona el corto tiempo otorgado para la discusión: la CRA dispuso solo tres meses para el análisis, mientras que el marco tarifario anterior se debatió durante dos años (2013-2015).

Pese a estas críticas, Andesco reconoció oportunidades en la propuesta, como el impulso a la economía circular, la creación de ciudades más limpias y sostenibles y la posibilidad de fortalecer la gestión de residuos a largo plazo.

El llamado del gremio es a abrir un debate más amplio con participación de usuarios, municipios y prestadores, de manera que la regulación se convierta en una herramienta que equilibre la sostenibilidad financiera del servicio con la capacidad de pago de los usuarios, la protección del ambiente y la mejora de la calidad de vida de los recicladores.