Según un documento revelado por la revista Semana y que ya reposa en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, Muñoz hace parte de un grupo de al menos siete congresistas y excongresistas investigados por haber recibido presuntos beneficios económicos a cambio de respaldar con su voto los empréstitos internacionales gestionados por el Gobierno de Gustavo Petro.
Finanzas bajo la lupa
El informe detalla un riguroso análisis de cuentas bancarias, movimientos financieros y productos asociados a los legisladores y a sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). Aunque la mayoría de las cifras millonarias se han hecho visibles en los casos de Wadith Manzur y Julián Peinado, la Corte también encontró transacciones y conexiones contractuales vinculadas al entorno de Muñoz Cabrera que aún se mantienen en reserva por el carácter preliminar de la investigación.
Uno de los aspectos más sensibles es la relación entre el exrepresentante y Iván Leónidas Name Ramírez, hijo del expresidente del Congreso Iván Name, quien figura como miembro de la UTL de Muñoz. Este vínculo adquiere relevancia porque el propio Olmedo López, exdirector de la UNGRD y pieza clave del escándalo, aseguró que 3.000 millones de pesos habrían sido canalizados hacia la campaña de María Clara Name, hija del exsenador.
Este nexo político-familiar, registrado en los hallazgos de la Corte, refuerza la hipótesis de que existió un entramado coordinado entre congresistas, contratistas y operadores políticos para direccionar contratos y recursos públicos.
Carrusel de contratistas y voto financiado
El informe también describe cómo 11 sociedades de interés durante el periodo 2020-2024 mantuvieron nexos con 327 empresas o consorcios en todo el país, configurando un posible “carrusel de contratistas” beneficiados por la UNGRD.
Aunque el nombre de Muñoz Cabrera no se vincula directamente con los casos de contratistas en Córdoba, Bolívar o Arauca, los investigadores sostienen que su papel en el Congreso —particularmente en la aprobación de los empréstitos— habría sido determinante para garantizar la continuidad de los flujos financieros que luego se direccionaban hacia operadores específicos.
El silencio del exrepresentante
Llamado a rendir versión ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Muñoz Cabrera decidió guardar silencio frente a los cuestionamientos. Esa estrategia legal no lo exime de que las pruebas financieras, contractuales y políticas recopiladas hasta ahora lo sigan comprometiendo en el avance del caso.
En contraste, públicamente tanto él como los demás congresistas mencionados han defendido su inocencia y han insistido en que se trata de un proceso cargado de especulación. Sin embargo, la contundencia de los hallazgos (que incluyen análisis bancarios, seguimientos en redes sociales y trazabilidad de contratos) mantiene a Muñoz bajo un foco cada vez más intenso.
Un proceso en desarrollo
Por ahora, el expediente continúa en etapa preliminar, pero las revelaciones apuntan a que la Corte Suprema podría abrir un proceso formal de investigación en los próximos meses. De confirmarse los vínculos entre Muñoz Cabrera, contratistas y operadores políticos ligados a la UNGRD, el exrepresentante podría enfrentar un escenario judicial complejo que pondría a prueba no solo su defensa, sino la credibilidad del Congreso en su conjunto.
El caso sigue siendo una de las pruebas más sensibles para la institucionalidad colombiana: ¿hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción en la gestión de riesgos? Y, en particular, ¿qué papel jugaron congresistas como Juan Diego Muñoz Cabrera en este entramado que compromete recursos públicos y decisiones legislativas de alto impacto?
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