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Sin estar aprobada la consulta popular, Gobierno inicia campaña por el "Si"

En un acto realizado en Soledad, Atlántico, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el presidente Gustavo Petro instalaron los primeros comités ciudadanos por el Sí a la Consulta Popular, pese a que la ley aún no permite campañas formales de apoyo a esta iniciativa.

Vestido con una camiseta que decía “Consulta Popular, Colombia vota Sí a todo”, Bolívar lideró el evento leyendo una a una las 12 preguntas que el Gobierno propone consultar a los colombianos. En cada intervención, la multitud respondió con un enérgico "Sí", en respaldo a la reforma laboral impulsada por la administración Petro.

Durante su discurso, el mandatario criticó duramente a quienes rechazaron la reforma en el Congreso. "Las bestias fueron las que dijeron que en Colombia el día terminaba a las 10 de la noche. Bestias esclavistas", afirmó el presidente al referirse a la propuesta de limitar la jornada laboral diurna hasta las 6 de la tarde.

Promoción anticipada y dudas legales

Aunque formalmente la Consulta Popular aún no ha sido aprobada por el Senado ni convocada mediante decreto presidencial, el Gobierno Nacional ya ha iniciado actividades de promoción del , cruzando una delicada línea legal. Según la normativa de participación ciudadana, las campañas a favor o en contra de una consulta sólo pueden iniciar tras su convocatoria oficial.

El lanzamiento de la página web oficial para recibir propuestas de preguntas había sido defendido por el ministro del Interior, Armando Benedetti, como un ejercicio de pedagogía y participación ciudadana. Sin embargo, los recientes eventos públicos, la difusión de mensajes en redes sociales con el hashtag #SíALaConsultaPopular y los discursos proselitistas de altos funcionarios, sugieren una campaña anticipada.

Expertos en derecho electoral advierten que esta situación impide el control financiero sobre los recursos destinados a promover el . “Yo no puedo promocionar un Sí ni un No, porque sólo hasta que esté aprobada y convocada la consulta se pueden inscribir las campañas ante la autoridad electoral”, explicó Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad encargada de fijar los topes de gasto, que para este año ascienden a 6.406 millones de pesos. Al no existir aún campañas registradas, los eventos, propaganda y recursos utilizados por el Gobierno no están sujetos a control.

Tensión entre legalidad y estrategia política

El Gobierno insiste en que los comités ciudadanos son “espacios autónomos de organización social”, pero su participación activa en eventos organizados desde entidades oficiales, como Prosperidad Social, refuerza las críticas sobre el uso de recursos públicos para promover la Consulta Popular.

Además de ser la principal bandera política del Gobierno para el cierre del actual mandato, el respaldo masivo al “Sí” podría ser utilizado como plataforma electoral de cara a las elecciones de 2026, aumentando las tensiones sobre el respeto a las normas de participación democrática.

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