De acuerdo con los argumentos expuestos por la Superintendencia, este tipo de plataformas "atentan de manera directa contra la legalidad del servicio público y son competencia ilegal para otros, como los taxistas", según indicó Ayda Lucy Ospina.
Lo que ha encendido el debate es que el texto pretende bloquear la operación de estas aplicaciones y establecer multas de hasta 21 millones de pesos para cada operador digital, administrador o agente de la plataforma. Además, los dueños serían responsables de un valor mayor, el cual sería calculado según los ingresos mensuales brutos del comercio. Lo que despertó más molestia: se incluye la inmovilización de los carros por entre 1 y 3 meses.
Pero esperen, hay más: el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios de las aplicaciones que podrían pagar multas de hasta 10 millones de pesos.
Actualmente se calcula que 100 mil personas prestan sus servicios a través de este tipo de plataformas. En Villavicencio ya se está prestando el servicio de varias de ellas y se promueve para que los conductores se afilien e inicien la prestación del servicio.
El ministro de Transporte, tanta polémica, por un tema tan sensible, Guillermo Reyes respondió diciendo que la discusión apenas comienza y tirándole la pelota al Congreso, que al final tendrá la última palabra en este proyecto que llegará al Capitolio.
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