Una iniciativa legislativa radicada en el Congreso de la República busca prohibir que los agentes de tránsito inspeccionen los teléfonos celulares de los conductores o interroguen a los pasajeros para comprobar si operan con plataformas digitales. La propuesta plantea una reforma al comparendo D12 y al régimen de inmovilizaciones, lo que ya desató el rechazo del gremio de taxistas.
La propuesta modifica la aplicación de la infracción D12 —que acarrea una sanción cercana a 1,2 millones de pesos e inmovilizaciones de 5, 20 y hasta 40 días—. La reforma traslada la carga probatoria exclusivamente a la autoridad, obligándola a recaudar evidencias mediante cámaras de vigilancia o seguimientos técnicos, en lugar de someter a interrogatorios a los pasajeros.
Desde el gremio de taxistas, Hugo Ospina rechazó el proyecto argumentando que debilita el control estatal frente al transporte no autorizado. El líder gremial defendió la asimetría regulatoria actual, recordando que el servicio público formal asume costos adicionales como revisiones preventivas bimestrales y refrendación anual de licencias.
La iniciativa hace parte de un paquete de tres proyectos radicados para redefinir la movilidad en el país. El bloque legislativo incluye también la autorización de tarifas dinámicas y homologación de nuevos vehículos para taxistas, así como una reestructuración del negocio de patios y grúas que permitiría la inmovilización domiciliaria con rastreo satelital.
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