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A sanción presidencial, Ley para que Madres cabeza de familia paguen condenas con trabajo comunitario


Según cifras del INPEC, en 33 años la población femenina en las cárceles del país creció más del 400%, al pasar de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en la actualidad. Ante la alerta sobre el vertiginoso aumento de las mujeres en el sistema penal colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de investigación y Docencia Económicas de México, adelantaron un estudio que concluyó que del total de las mujeres condenadas en el país, el 75% de ellas eran madres de cabeza y el 53,4% habían sido condenadas por delitos menores en los que habían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Esta cruda realidad motivó al Senador Rodrigo Lara a presentar ante el Congreso de la República una iniciativa legislativa, que el día viernes 18 de junio se aprobó en cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. 

La iniciativa fue conciliada y probada por ambas cámaras del Congreso y ahora se encuentra a la espera de sanción presidencial. 

Las penas alternativas que ahora se aplicarán consistirán en cumplir su condena  mediante la prestación de servicios de utilidad pública que estas mujeres prestarán, extramuros. Se trata de un enfoque de la pena restaurativo que permitirá cumplir el fin resocializador de la pena. 

Los requisitos para acceder a dicho beneficio son:

·  Ser mujer madre cabeza de familia.

·  No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.

·  Ser condenadas a penas menores o iguales a los 8 años.

·  No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su hijo.

·  Debe demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a condiciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.

Esta es una excelente noticia para las mujeres madres cabeza de familia condenadas por  penas relacionadas con el procesamiento y tráfico estupefacientes, o que han sido detenidas por la comisión de delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana. 

En particular, corrige un problema estructural de nuestro sistema de justicia que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico como son las mujeres que han tenido que convertirse en “mulas” y a las cultivadoras de hoja de coca.

Con esta medida se podrá salir del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte con respecto de las prisiones en nuestro país, y se restablecerán los derechos de las reclusas que cuentan con doble protección constitucional. Asimismo, permitirá que las mujeres puedan pagar su deuda con las sociedad sin afectar sus hogares. 

“Cuando se separa la mamá de sus hijos estamos ante dos condenas: la condena de la mujer y la condena, al mismo tiempo, de sus hijos, pues ellos quedan a la deriva, con condiciones precarias, que los lleven a fenómenos como la deserción escolar, las adicciones y la posibilidad de caer en comportamientos delincuenciales”, puntualizó el Senador Rodrigo Lara.

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