Empeora la crisis en la Cárcel de Villavicencio


Un llamado de urgencia al Gobierno nacional para que destine los recursos necesarios y de manera prioritaria se resuelva la caída de los cerca de 280 metros de muro exterior de la Cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio, hizo en las últimas horas el alcalde Wilmar Orlando Barbosa Rozo.
“Villavicencio no puede seguir soportando las responsabilidades del Estado en materia carcelaria”; Alcalde Wilmar Barbosa
De acuerdo con el mandatario local, casi un mes después de la caída de este muro y del compromiso hecho por parte de la comisión enviada por la dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el cual garantizó la destinación de los recursos necesarios y el inicio del proceso contractual para comenzar las obras de reconstrucción de la pared de la cárcel, hoy se conoce que no existen tales recursos.

“Como administración municipal, hemos siempre apoyado, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias a la cárcel de Villavicencio. Prestamos el apoyo a través de la Policía Metropolitana y del Ejército Nacional, para evitar la fuga de casi 1300 internos el día del siniestro”, aclaró Barbosa Rozo.

El Alcalde de Villavicencio recordó que, es responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios de Colombia (Uspec), garantizar los recursos para las reparaciones a que haya lugar, al igual que ha elevado las solicitudes ante el Ministerio del Interior y de Justicia para que se tenga en cuenta la implementación del proyecto de construcción de una nueva cárcel para la capital del Meta.

“Desde el inicio de este gobierno, hemos planteado la intención de aportar un terreno para la construcción de un moderno complejo penitenciario que resuelva en gran medida la crisis carcelaria que vive nuestro departamento”, dijo.

Ahora, en las últimas horas se conoció que el Inpec ha suspendido el traslado de los presos que tienen audiencias en el Palacio de Justicia de Villavicencio por no contar con recursos para el tanqueo de los vehículos en los que se realizan dichas diligencias, agudizando aún más la problemática y generando incertidumbre entre la comunidad.