El complejo penitenciario, ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, contempla una inversión de $275.000 millones. La obra ha enfrentado suspensiones, dificultades de ejecución y alertas de los organismos de control.
La intención del Ejecutivo es que la infraestructura pueda quedar terminada durante lo que resta de 2026 y convertirse en uno de los proyectos de infraestructura penitenciaria asociados a la política de seguridad del nuevo Gobierno.
Para revisar el estado de la obra se realizó una visita interinstitucional en la que participaron la directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández Posada; el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Gónima Díaz-Granados, y el director de Gestión Corporativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Andrés Barney.
Los funcionarios deberán presentar los respectivos reportes al Ejecutivo sobre el avance del proyecto y las condiciones necesarias para su culminación y posterior puesta en funcionamiento.
Según información conocida por EL TIEMPO, desde el Gobierno se ha impartido la instrucción de avanzar con la mayor rapidez posible en el proyecto. La estrategia también contempla conversaciones con autoridades regionales y municipales para resolver asuntos contractuales, técnicos y de ejecución que todavía afectan el desarrollo de la obra.
La Uspec ha señalado que el trabajo territorial busca destrabar el proceso y avanzar hacia la culminación de una infraestructura que aportará 1.974 nuevos cupos al sistema penitenciario y carcelario.
De 3.500 a 1.974 cupos
El proyecto originalmente contemplaba una capacidad considerablemente mayor. En abril de 2021, el entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que la megacárcel podría albergar a 3.500 personas privadas de la libertad y convertirse en la de mayor capacidad de la región Caribe.
Sin embargo, las cifras fueron modificadas durante el desarrollo del proyecto y la capacidad establecida actualmente es de 1.974 cupos.
La construcción tampoco ha estado exenta de dificultades. El proyecto permaneció suspendido desde diciembre de 2022 durante varios meses, en medio de problemas de orden público y las deficientes condiciones de las vías de acceso.
A esto se sumaron alertas de la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, que advirtió sobre riesgos relacionados con la inversión y posibles falencias en los estudios previos correspondientes a la construcción de la red externa eléctrica.
El organismo de control también señaló que la suspensión de la obra durante aproximadamente cinco meses podía generar la necesidad de destinar recursos adicionales para completar y poner en funcionamiento el proyecto, entre otras razones por el deterioro de materiales, equipos y obras ya ejecutadas.
La Corte Constitucional también puso la lupa
El proyecto llegó además al radar de la Corte Constitucional, que en 2026 estableció un esquema de seguimiento reforzado debido a los retrasos administrativos y presupuestales asociados a la infraestructura penitenciaria.
La decisión contempla controles mensuales durante la fase de construcción y trimestrales una vez entre en operación. La Corte también impartió órdenes relacionadas con la disponibilidad de recursos, ejecución, dotación y puesta en funcionamiento del establecimiento.
En el seguimiento participan, entre otras entidades, el Ministerio de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Ahora, con una ejecución cercana al 86 %, el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca llevar la obra hasta su culminación y habilitar los nuevos cupos para el sistema penitenciario.
El desafío, sin embargo, no termina con la construcción. La infraestructura deberá contar con los recursos, dotación, servicios y condiciones necesarias para entrar efectivamente en operación y atender a la población privada de la libertad en la región Caribe.
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