Germán Calderón España aseguró que el contrato presenta un panorama preocupante, pues, según indicó, cerca del 80% de los recursos ya fueron desembolsados, mientras que la ejecución sería del 0%.
Los cuestionamientos coinciden con un informe de la Contraloría General de la República, que hace menos de un mes alertó sobre presuntas irregularidades en la ejecución del convenio. El organismo de control sostuvo que la ANT realizó pagos sin garantizar la transferencia del dominio de los predios, desconociendo las formalidades exigidas por el Código Civil.
El ente de control también reveló que, de 577 predios reportados como entregados, únicamente tres contaban con la documentación requerida para formalizar la propiedad, situación que podría comprometer la seguridad jurídica de los beneficiarios.
Las denuncias también han llegado desde las regiones. En el departamento del Cesar, algunos campesinos aseguran haber recibido predios sin los documentos que acrediten legalmente su propiedad. Una mujer del municipio de Chimichagua, cuya identidad fue reservada, señaló públicamente a funcionarios y dirigentes políticos por presuntas entregas simbólicas e irregulares de tierras a asociaciones campesinas.
Frente a este panorama, Calderón España advirtió que existe un riesgo de generar una "falsa tradición" sobre los predios adjudicados, lo que podría dejar a los beneficiarios sin respaldo legal sobre las tierras recibidas.
Diversos medios de comunicación intentaron obtener una respuesta del director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, pero al cierre de esta publicación no había emitido un pronunciamiento.
A 26 días de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, las denuncias y los hallazgos de los organismos de control añaden nuevos cuestionamientos a la implementación de la reforma agraria, uno de los principales compromisos de la actual administración.
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