Contraloría revela hallazgos fiscales en la Unidad para las Víctimas

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades con incidencia fiscal por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), relacionadas con bienes entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en calidad de donación. Según el organismo de control, estos elementos carecen de soportes que acrediten su entrega a los beneficiarios finales, no pudieron ser ubicados físicamente y tampoco fueron incorporados en la contabilidad de la entidad.

Los hallazgos surgieron durante la Auditoría Financiera practicada a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la vigencia 2025. La revisión incluyó la información contable con corte al 31 de diciembre de ese año, así como la evaluación de la ejecución de recursos y del cumplimiento de políticas públicas relacionadas con discapacidad, paz, equidad de género, participación ciudadana, austeridad del gasto y desarrollo sostenible.

En materia presupuestal, la Contraloría evidenció una baja ejecución de los recursos. Aunque la Unidad para las Víctimas dispuso de un presupuesto vigente de $4,436 billones y comprometió $4,341 billones, equivalentes al 97 % del total, las obligaciones efectivamente ejecutadas alcanzaron $2,23 billones, lo que representa apenas el 50 % del presupuesto asignado.

De acuerdo con el ente de control, esta situación generó rezagos cercanos a $2 billones, afectando el cumplimiento de las metas institucionales. Si bien la entidad adelantó acciones para mejorar la ejecución de los recursos y atender sus compromisos misionales, estas resultaron insuficientes para alcanzar los niveles de ejecución previstos.

La auditoría también evidenció deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables, especialmente por la falta de reconocimiento de los bienes donados por la DIAN. Esta situación dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33.009 millones, al considerar que existiría una pérdida de bienes públicos que podría configurar un detrimento al patrimonio del Estado.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones y otro dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, además de otras observaciones derivadas de la revisión financiera y presupuestal practicada a la entidad.