A menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, la campaña de Iván Cepeda y el papel del presidente Gustavo Petro vuelven a quedar en el centro de la controversia política y jurídica del país.
Aunque desde el petrismo argumentaron que se trató de un “encuentro programático” con equipos regionales en un recinto cerrado y no de un acto público de campaña, sectores de oposición cuestionaron el alcance real de esa explicación.
El evento se desarrolló en un coliseo perteneciente a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), organización sindical vinculada a Fecode, uno de los sectores históricamente cercanos al proyecto político del Pacto Histórico.
Petro entra de lleno al debate electoral
Las críticas también se concentran en la participación del presidente Gustavo Petro, quien en los últimos días ha intensificado sus pronunciamientos sobre el panorama electoral.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió tras sus ataques contra el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, a quien señaló indirectamente en mensajes publicados en redes sociales dirigidos especialmente a electores del Caribe colombiano.
Las declaraciones surgieron luego de que varias encuestas mostraran a De La Espriella como uno de los candidatos con mayor opción de disputar una eventual segunda vuelta frente a Cepeda.
En paralelo, el propio candidato del Pacto Histórico empezó a lanzar críticas contra sectores de “extrema derecha”, comparándolos con modelos políticos internacionales como los de Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.
Las acusaciones de participación en política
El debate de fondo gira alrededor de la posible vulneración de las normas que prohíben la participación en política por parte de funcionarios públicos, especialmente del presidente de la República.
Durante entrevistas recientes, Petro hizo referencias directas a la continuidad de su proyecto político y lanzó comparaciones entre perfiles de candidatos, declaraciones que para algunos sectores cruzan la línea entre opinión política y participación electoral.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quedó bajo investigación preliminar de la Procuraduría luego de ser grabado invitando públicamente a votar el próximo 31 de mayo durante un encuentro en Tolima.
A esto se suma el caso del viceministro TIC, Andrés López, señalado de coordinar estrategias digitales con influenciadores cercanos al petrismo para impulsar mensajes favorables a la campaña de Cepeda.
Recursos públicos y publicidad oficial
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con el uso de recursos públicos y estrategias de comunicación institucional en medio de la campaña presidencial.
Sectores de oposición han advertido que la intensificación de la publicidad oficial del Gobierno Nacional podría terminar favoreciendo indirectamente la aspiración presidencial del candidato del Pacto Histórico.
Las críticas crecieron luego de conocerse directrices internas para fortalecer la divulgación de logros del Gobierno en medios y redes sociales, especialmente en regiones consideradas claves electoralmente.
El debate jurídico y político sigue abierto
Mientras desde el petrismo insisten en que no existe ninguna violación a las normas electorales y que las actuaciones se mantienen dentro del marco legal, la oposición sostiene que el país enfrenta un escenario de desequilibrio institucional y posible intervención indebida del Gobierno en la contienda.
La discusión ahora podría trasladarse a organismos como la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral, en momentos en que la campaña entra en su fase definitiva y aumenta la tensión política de cara a las urnas.
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