El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una de las heridas abiertas del conflicto en el Meta. Aunque durante 2025 la Mesa Departamental de Prevención cumplió el 100 % de su plan de acción, las cifras oficiales advierten que el fenómeno persiste y, en muchos casos, permanece oculto.
Según la Unidad para las Víctimas, en el departamento se han registrado 720 niños, niñas y adolescentes víctimas por ocurrencia y 602 por declaración desde 1985 hasta abril de 2025. Entre 2021 y noviembre de 2025 se reportaron 14 casos de vinculación de menores a grupos armados ilegales, una cifra que las autoridades consideran inferior a la realidad territorial.
El informe advierte que el fenómeno se da en medio de un aumento de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) desde 2024, asociado a la presencia y reconfiguración de estructuras armadas ilegales que disputan el control en zonas rurales.
La Alerta Temprana 001 de 2025 ubica a Mesetas en riesgo extremo e inminente, con documentación de reclutamiento forzado y muerte de menores en el marco del conflicto. También se reporta riesgo alto en municipios como La Macarena, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Lejanías y Puerto Gaitán. En el contexto urbano, la Alerta Temprana 006 de 2024 advierte riesgos en Villavicencio, donde bandas criminales y redes de microtráfico instrumentalizan a menores.
El análisis identifica como principales responsables a disidencias de las extintas FARC-EP, particularmente estructuras asociadas a alias ‘Calarcá Córdoba’ y alias ‘Iván Mordisco’, señaladas de promover el reclutamiento como mecanismo de control territorial y sostenimiento de economías ilegales.
En paralelo, el ICBF informó que en el primer semestre de 2025 atendió 25 casos de menores desvinculados víctimas de reclutamiento, 11 de ellos provenientes del Meta, especialmente de Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia y Villavicencio.
La Policía Nacional reportó cuatro casos de reclutamiento ilícito y siete procesos de desvinculación durante el año, destacando que la totalidad de los hechos registrados en 2025 correspondieron a niñas y adolescentes mujeres, lo que evidencia un riesgo diferencial que exige atención prioritaria.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Paz se reiteró que el reclutamiento y utilización de menores constituye un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos, e insistieron en la importancia de denunciar y activar oportunamente las rutas de protección.
El desafío para 2026 no solo será contener el fenómeno, sino reducir el subregistro y fortalecer la presencia institucional en los territorios donde la disputa armada sigue poniendo en riesgo a la niñez del Meta.
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