Los expedientes oficiales de los organismos de control revelan que el proyecto de la Refinería del Meta no generó detrimento patrimonial para el departamento, contrario a la narrativa que durante años lo calificó como una “refinería de papel”.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la compra del predio Bosques de Cajuy. Sin embargo, los avalúos oficiales indican que el lote fue adquirido en 2013 por 4.200 millones de pesos, mientras que un peritaje de la Fiscalía lo tasó ese mismo año en 9.941 millones. Posteriormente, al integrarse con el predio San Antonio, la Gobernación consolidó un terreno de 65 hectáreas cuyo valor comercial, para 2017, superaba los 40.000 millones de pesos.
En cuanto a los estudios y licencias, la Contraloría estableció que estos constituyen un activo intangible. Según el mismo Auto 1600, el valor estimado de las licencias ambientales y técnicas asociadas al proyecto ascendía a 645.815 millones de pesos a marzo de 2018, activos que permanecen en manos del departamento.
Durante las investigaciones también se detectaron irregularidades de carácter penal. Un peritazgo del Laboratorio de Documentología y Grafología Forense de la DIJIN–Interpol confirmó la existencia de 17 documentos con firmas falsificadas, los cuales fueron incorporados a los archivos oficiales con el propósito de inducir a error a los organismos de control.
La Contraloría concluyó que la no construcción de la refinería obedeció a la falta de continuidad administrativa y no a hechos de corrupción. El proyecto quedó estructurado en su fase inicial, pero no fue retomado por las administraciones posteriores.
Con el archivo del proceso y la permanencia de los activos bajo propiedad pública, el caso de la Refinería del Meta vuelve al debate público sustentado en documentos técnicos y decisiones oficiales, luego de varios años de controversia mediática.
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