La disputa jurídica que pone en riesgo la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Meta

Una solicitud formal de revocatoria parcial fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la lista del Pacto Histórico – Frente Amplio para la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El documento, presentado por el abogado Saúl Villar Jiménez, advierte presuntas irregularidades en la inscripción de la lista y señala una posible vulneración de derechos fundamentales y normas constitucionales, relacionadas con el desconocimiento de los resultados de una consulta popular interna.

Según el escrito, la controversia gira en torno a los nombres de José Manuel Sandoval Garzón y Martha Cecilia Garzón Cortés. De acuerdo con la solicitud, Sandoval Garzón no habría participado finalmente en la consulta popular convocada por la Registraduría, pese a que inicialmente manifestó su intención de hacerlo, mientras que Garzón Cortés sí se sometió al mecanismo democrático y obtuvo el respaldo ciudadano.

El solicitante sostiene que, aun así, las directivas del Pacto Histórico habrían inscrito al candidato que desistió del proceso y excluido a quien sí participó, lo que (según argumenta) desconoce el carácter obligatorio de los resultados de las consultas populares, tal como lo establecen los artículos 107 y 108 de la Constitución Política.

En el documento se recuerda que la normatividad electoral es clara en señalar que los partidos y movimientos políticos deben respetar los mecanismos de democratización interna y que cualquier inscripción que desconozca estos resultados puede ser revocada por el CNE, siempre garantizando el debido proceso.

Por esta razón, la petición solicita que el Consejo Nacional Electoral ordene a la Registraduría excluir a José Manuel Sandoval Garzón de la lista a la Cámara por el Meta e incluir a Martha Cecilia Garzón Cortés, al considerar que ella adquirió legítimamente el derecho a integrar la lista tras participar en la consulta.

El caso abre un nuevo frente de debate político y jurídico en el Meta, en un escenario preelectoral donde las disputas internas y el cumplimiento de las reglas de juego democrático comienzan a marcar la agenda rumbo a las elecciones legislativas de 2026. Será ahora el CNE el encargado de estudiar el fondo del reclamo y determinar si hubo o no una violación a la Constitución y a las normas electorales vigentes.