Las jugadas jurídicas que frenan elección de nuevo director de Cormacarena

La elección del nuevo director general de Cormacarena se ha convertido en un pulso político y jurídico que mantiene a la corporación en incertidumbre. Desde la salida de Andrés Felipe García a finales de 2023, el proceso ha estado marcado por demandas, recusaciones y trabas legales, lo que ha desbalanceado la composición del Consejo Directivo y obstaculizado la designación de un sucesor.  

El último director en propiedad, Jhorman Saldaña, elegido en enero de 2024, vio anulado su nombramiento en septiembre por decisión del Consejo de Estado. Desde entonces, la dirección de Cormacarena está en estado de encargo, mientras actores políticos intentan frenar cualquier avance en la elección.  

Intervención política en el proceso  

Entre los protagonistas de esta disputa figura Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio y actual director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según denuncian diversas fuentes, Harman busca controlar Cormacarena con fines políticos, aprovechando su estructura administrativa y promoviendo la legalización de barrios en sectores estratégicos para futuras contiendas electorales.  

El proceso también ha estado marcado por una serie de recusaciones y acciones judiciales presentadas por contratistas de la ANT, entre ellos Ericson Camilo Ballén Quintero, quien, a pesar de no cumplir los requisitos mínimos, se postuló como candidato con la aparente intención de dilatar el proceso mediante recursos legales.  

Otras maniobras en juego 

Otro actor clave es David Riaño, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV) durante la administración de Harman y actual contratista de la ANT. Riaño ha recusado a varios miembros del Consejo Directivo de Cormacarena, con el objetivo de apartarlos del proceso de elección y facilitar la imposición de un candidato afín al Gobierno nacional.  

A esto se suma la actuación de Gonzalo Eduardo Hernández Pardo, también contratista de la EAAV en el gobierno de Harman, quien interpuso una recusación para impedir la designación de los representantes de los alcaldes en el Consejo Directivo. Esta maniobra, según fuentes cercanas, busca debilitar la presencia de los mandatarios locales en la toma de decisiones y asegurar una mayoría favorable al Gobierno nacional.  

Mientras las disputas legales y políticas continúan, Cormacarena sigue sin un liderazgo definido, lo que afecta la ejecución de proyectos ambientales clave para la región del Meta. La incertidumbre en la dirección de la entidad genera preocupación entre los sectores ambientalistas y administrativos, que advierten sobre el riesgo de que intereses particulares prevalezcan sobre el verdadero propósito de la corporación.  

El desenlace de esta crisis dependerá de las decisiones judiciales y del desenlace del proceso de selección, en un contexto donde las estrategias políticas parecen pesar más que los criterios técnicos y ambientales.