En las últimas horas se conoció el fallo de la Procuraduría General de la Nación, en el cual el ente de control sancionó con destitución e inhabilidad por un término de 10 años a la exdiputada de la Asamblea Departamental del Meta, Claudia Patricia Garzón Torres, por violación al régimen de inhabilidades.
El Ministerio Público determinó que Garzón Torres incurrió en falta disciplinaría al inscribirse, posesionarse y ejercer el cargo de diputada del Meta, a pesar de que se encontraba inhabilitada por haber tenido una relación contractual con el Hospital Militar de Oriente, el mismo año de las elecciones.
La exdiputada celebró como gerente, accionista y representante legal de Ambulancias del Llano S.A.S., el Contrato N° 151-HOM10-2015, con una entidad pública adscrita a sanidad del Ejército Nacional de Colombia, para la prestación del servicio de transporte medicalizado, 5 meses y 28 días, antes de la jornada electoral.
Para el ente de control con este contrato la disciplinada vulneró el principio de moralidad que rige la función pública e infringió la primera parte del numeral 4° del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, que señala que no podrá acceder a un cargo de elección popular, que indica que, “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento”.
La falta fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.
El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de la investigada.
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