Administración Pública pos pandemia


Por:
Alejandro Murcia Niño
Abogado Especialista en Derecho Administrativo,  Derecho Disciplinario y Derecho Constitucional

El problema de Ingresos no es ajeno al Estado, porque precisamente hoy los contribuyentes, nosotros, los que hoy no somos atenidos y que somos la gran mayoría, los que pagamos IVA, Renta, Impuesto al consumo de licor, Cigarrillos, Hidrocarburos, Impuestos de vehículos, Contribuciones por registros de ventas, Industria y Comercio, Impuesto Predial y otros, presentamos dificultades para el pago de dichas obligaciones en virtud de las medidas adoptadas para mitigar el COVID 19.

Y resulta lógico pensar que, entre las prioridades de los particulares no está el pago de obligaciones tributarias, porque hoy su pensamiento se centra en cuánto tiempo volveremos a la normalidad, y regresar a trabajar de manera formal o informal, en atención a que a muchos les fueron suspendidos sus contratos, cesaron sus actividades económicas particulares o en el peor de los casos, les terminaron sus contratos, y andan resolviendo sus obligaciones con ampliaciones de plazos y los que pueden, guardan parte de su liquidación.

La mayoría de las entidades estatales del sector central y del sector descentralizado territorial, presentan hoy dificultades que pasan por la falta de ingresos, y que generarán desde la imposibilidad del pago oportuno de salarios y prestaciones a sus empleados, hasta el retraso del pago de Honorarios y demás obligaciones contractuales.

Esa realidad, plantea necesariamente cambios en la forma de administrar lo público, que van desde la modificación de los Planes de Desarrollo Territorial, el ajuste de los Presupuestos a la nueva realidad de sus ingresos, subsidios a algunas actividades productivas, exenciones tributarias para lograr el mantenimiento del empleo, apoyo al sector empresarial y comercial, sin importar si se trate de grande, mediana o pequeña empresa, e inclusive apoyo al comercio informal, hasta la priorización del gasto público asistencial.

Hoy, todas los representantes legales de esas entidades estatales, como acertadamente ocurrió en Villavicencio, amplían los plazos para el pago de sus obligaciones y aprovechan las menores tasas de interés que se ofrecen los bancos por estos días, e inclusive solicitan periodos de gracia mientras se resuelve el problema económico de la pos pandemia, porque ven en riesgo, no solo sus planes de desarrollo, sino que son conscientes de la disminución de sus ingresos durante la presente vigencia y quizás la siguiente; sin embargo, debe reconocerse que la ampliación de esos créditos, la terminaremos pagando los contribuyentes con intereses e indexación en el tercer y cuarto año de este periodo de gobierno territorial, y en su mayoría las administraciones que inicien en el 2024.

Los Alcaldes y Gobernadores, difícilmente iniciarán , terminarán y entregarán obras de infraestructura importantes en su tercer o cuarto año, y pasaremos conforme a las decisiones de los gobernantes, en mayor o menor medida, de obras de infraestructura al asistencialismo, lo que lastimosamente para muchos, no produce ni popularidad, ni votos, porque el asistencialismo alimentario, de subsidios o apoyos, es momentáneo y pasajero, y las obras por su misma naturaleza tangible, se recuerdan y difícilmente son olvidadas.

La exigencia para evitar la impopularidad y el desgaste de quienes administran lo público, será cada vez mayor, lo anterior por virtud del consecuente pesimismo social y económico que ya se generó, por ello deberán convertirse en creadores de oportunidades, responder de manera asertiva y adecuada a los retos de la pos pandemia, constituyendo equipos de Gobierno distintos a los actuales que de por sí ni siquiera fueron conocidos por la comunidad; que tengan en cada sector la premisa de generar prosperidad en la actual coyuntura, recuperar o por lo menos evitar un mayor desempleo, y ser conscientes de que cada sector, maneja recursos que en la calle dinamizan la economía de las regiones.

Algunos administradores de lo público saldrán bien librados, en tanto administren de manera eficiente los pocos recursos que hoy recaudan, y en la medida en que gobiernen de manera incluyente, con todos y para todos, y comunicar de manera efectiva sus logros, sin esperar likes, retweets y emoticones.

Esperemos que no sean muchas las destituciones, medidas de aseguramiento e inclusive sentencias en contra de mandatarios, por el mal manejo de los recursos públicos utilizados para atender los efectos del aislamiento y la atención a la pandemia, y que en este periodo no abonen el terreno, para que en el 2021 se vean avocados a revocatorias de mandato, que desangran aun más el presupuesto.

Hoy los gobernantes, deben dejar sus cálculos electorales y olvidar siquiera temporalmente el proceso electoral de 2022, y dedicarse a efectivizar sus buenas ideas, convirtiéndolas en realidades que se enfoquen en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus conciudadanos, y lograr impacto real con las metas del Plan de Desarrollo más allá de las cifras, acercándose más a la comunidad no solo virtualmente sino con tacto, y así generar mayor confianza en lo público.

Por último, quisiera recordar, que así como la empresa privada genera y sostiene un número importante de empleos, sigue siendo el Estado el mayor empleador en Colombia. 

Hoy las entidades públicas no son ajenas a las dificultades de pago de salarios y prestaciones por las que atraviesa el sector privado, algunas de ellas, seguramente deberán recurrir a créditos para el pago de nóminas, prestaciones y honorarios; esperemos que esta crisis de la cual esperamos salir lo mejor librados, no sea el caldo de cultivo para reformas laborales que afecten a los empleados del sector privado y público.

No deben olvidar los legisladores, que con los ingresos de salarios, prestaciones y honorarios de los que no somos atenidos y que somos todos los que trabajamos, empleados tanto del sector público como del privado, son los que cíclicamente en la calle dinamizan, la economía de mercado, con ellos, no solo se compran bienes y servicios, sino que además son a los que el Estado les hace retenciones, y con ellos se pagan impuestos, tasas y contribuciones fiscales.