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Politiquería, contratos y predios: los señalamientos contra Felipe Harman

La columna de opinión publicada por el periodista Aurelio Suárez en Revista Semana pone bajo la lupa la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) durante la dirección de Juan Felipe Harman Ortiz y expone una serie de señalamientos sobre presunta utilización política de la reforma agraria, cuestionamientos a algunos nombramientos y operaciones de compra y asignación de predios.

Según Suárez, en la ANT existiría una utilización política de la reforma agraria, una situación que, asegura, también alcanzaría al Gobierno de Gustavo Petro. El columnista cuestiona además la adquisición de predios que considera improductivos y adquiridos a precios que califica de especulativos.

Uno de los casos mencionados corresponde al Tolima y tiene como protagonista a Andrés Leonardo Rubio Calderón, quien asumió como coordinador de la ANT en ese departamento el 5 de marzo de 2025. Rubio, excandidato a la Asamblea del Tolima en 2023, había trabajado previamente como abogado asesor de apoyo jurídico en la Cámara de Representantes y como contratista del Sena.

Suárez señala que, apenas un mes después de asumir la coordinación de la ANT, Rubio tuvo una audiencia de formulación de acusación dentro de un proceso penal por el delito de concusión, relacionado con hechos ocurridos cuando se desempeñaba como asesor jurídico de la Alcaldía de Natagaima.

De acuerdo con la columna, el proceso se originó a partir de la denuncia de una contratista que afirmó que Rubio le habría exigido el 15 % del valor de un contrato para gestionar su pago. La conversación habría quedado registrada en un audio que posteriormente llegó a la Fiscalía General de la Nación. Según Suárez, el proceso continúa activo y está pendiente de la etapa de juicio.

El columnista cuestiona además la relación política que, según plantea, existiría entre Rubio y la representante liberal Olga Beatriz González. Suárez pregunta si para el nombramiento se evaluó suficientemente la hoja de vida del funcionario o si, por el contrario, pesaron recomendaciones políticas.

La controversia también alcanza la negociación del predio La Duquesa, ubicado en el municipio de Suárez, Tolima. Según la información citada por Suárez, el terreno, de 342 hectáreas y con matrícula inmobiliaria 357-37552, fue adquirido por la ANT el 25 de junio de 2025 por $4.835,58 millones.

El columnista contrasta ese valor con el precio por el que Gabriel Hernando Duque Cifuentes había adquirido el predio en diciembre de 2020, por $100 millones, y señala que posteriormente se levantó una hipoteca por $160 millones. La diferencia entre esas operaciones, sostiene, plantea interrogantes sobre el valor finalmente reconocido por la ANT.

Suárez también cuestiona la entrega provisional del terreno a beneficiarios de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) de Cundinamarca y plantea dudas sobre las condiciones y el procedimiento utilizado para dicha asignación.

Otro de los casos mencionados corresponde al predio La Condesa, ubicado en Honda, y al predio TauTao, en Ambalema, ambos transferidos desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la ANT.

Sobre La Condesa, la columna señala que allí fueron ubicadas 80 familias pese a la existencia de dificultades relacionadas con el suministro de agua y un supuesto pasivo de aproximadamente $800 millones con Empocaldas.

En el caso de TauTao, un terreno de unas 1.300 hectáreas relacionado históricamente con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'El Mexicano', Suárez cuestiona las condiciones productivas del predio y menciona problemas de acceso al agua, obligaciones pendientes con Cortolima y una deuda cercana a $38 millones por concepto de impuesto predial.

Para el periodista, estos casos evidenciarían una brecha entre el discurso oficial sobre la reforma agraria y las condiciones reales de algunos de los terrenos entregados a campesinos.

La columna concluye con una fuerte crítica al Gobierno Petro y sostiene que la entrega de tierras estaría siendo utilizada con fines electorales y políticos.

Los señalamientos hacen parte de la interpretación y las denuncias expuestas por Aurelio Suárez en su columna de opinión. Las afirmaciones relacionadas con posibles responsabilidades penales, administrativas o fiscales corresponden a asuntos que deberán ser determinados por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una condena o decisión judicial.

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